¤ Comisión del Congreso de la Unión exhorta a Fox a propiciar el diálogo

Reconocen legisladores como "legítima" la lucha de los campesinos de Texcoco

¤ En un estudio encuentran graves deficiencias previas a los decretos expropiatorios

RENE RAMON ALVARADO Y JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSALES

San Salvador Atenco, Mex., 4 de enero. La Comisión de la Reforma Agraria en el Congreso de la Unión emitió su dictamen respecto al conflicto que perjudica a 13 núcleos ejidales afectados por la expropiación de los terrenos en la zona de Texcoco para construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México. El sentir de los legisladores reconoce "la legítima lucha de los campesinos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán" y hace un exhorto al presidente de la República, Vicente Fox, para que propicie el diálogo y la negociación antes de continuar con los procesos legales y de cualquier intento por ejecutar los decretos que permiten iniciar la construcción de la nueva terminal aérea.

Para emitir su juicio, los diputados de esta comisión analizaron los documentos que le fueron allegados por el gobierno federal y estudiaron las conclusiones de los integrantes de la subcomisión especial para la problemática agraria generada por la construcción del nuevo aeropuerto, quienes realizaron, el pasado 7 de diciembre, un recorrido por las tierras de cultivo de Texcoco.

En el dictamen, cuya copia tiene este diario, los legisladores que integran la Comisión de la Reforma Agraria también se pronunciaron contra la propuesta hecha por la diputada del PRI del distrito 12, de Texcoco, Beatriz Cervantes Mandujano, quien puso a consideración un punto de acuerdo en el cual el Congreso de la Unión solicitaría al Ejecutivo federal mejorar el monto de las ofertas por compra de tierras.

De acuerdo con las conclusiones del análisis y la discusión que realizaron los integrantes de esta comisión, en el punto tercero del dictamen se estableció que el Congreso de la Unión reconoce la legítima lucha de los campesinos, quienes desde el pasado 22 de octubre, fecha en que se publicaron los 19 decretos expropiatorios, se manifiestan en defensa de sus tierras.

Los datos ofrecidos a esta instancia por el gobierno federal establecen que fueron expropiadas 5 mil 392 hectáreas, de las cuales 66.63 por ciento corresponde a San Salvador Atenco, 27.82 por ciento a Texcoco y 5.53 por ciento a Chimalhuacán. En total fueron afectados 4 mil 375 ejidatarios. De estas hectáreas 4 mil 570 son de temporal y 821 de riego. En el primer caso por cada parcela se pretende pagar 72 mil pesos y por el segundo 250 mil pesos, lo que da un monto de 534 millones 374 mil 390 pesos.

Laguna en la comunicación

Del análisis que efectuaron los diputados se determinó que al llevar a cabo el decreto expropiatorio no se establecieron de manera previa los canales idóneos de comunicación con los campesinos involucrados y además los afectados nunca "contaron con la información suficiente, clara y oportuna". Otra de las fallas detectadas es que hasta el momento el gobierno no ha presentado un estudio de impacto social, "por lo que no quedan claramente establecidos los mecanismos que permitan incorporar a ejidatarios y sus familias en tan importante proceso de desarrollo."

Respecto a este último tema la comisión legislativa indicó que tampoco a los gobiernos municipales de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco se les ofreció la información suficiente sobre el proyecto y sus principales impactos regionales "que les permitan responder a las demandas inmediatas y mediatas de infraestructura pública, salud, seguridad, agua potable, vivienda y electrificación, entre otras, cuando ello es fundamental para que los tres niveles de gobierno pudieran implementar medidas preventivas y que el impacto social de un proyecto de tal magnitud no resulte adverso a los habitantes oriundos, sino por el contrario, queden incorporados a un proceso de desarrollo".

En las conclusiones los diputados federales también hicieron referencia al avalúo de las tierras, según el cual se pretende pagar 72 mil pesos por hectárea de temporal y 250 mil pesos por hectárea de riego, es decir, entre siete y 22 pesos por metro cuadrado, cuando 86.4 por ciento de la superficie expropiada es de temporal, "razón por la cual los montos globales a pagar se reducen sustancialmente con respecto a las tierras de riego."

De este avalúo se estableció que el gobierno federal no "ha mostrado interés" por promover la información y la orientación necesaria a que "tiene derecho todo gobernado".

Los diputados consideraron injusto el monto económico y pusieron en duda la honorabilidad de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) argumentando que la construcción del aeropuerto en Texcoco dejará ingresos económicos importantes al gobierno federal.

Ayuntamiento no reconoce a autoridades auxiliares

Los integrantes de la delegación municipal y del Consejo de Participación Ciudadana del pueblo de San Salvador Atenco acusaron al presidente municipal, Margarito Yáñez Ramos, de condicionar su reconocimiento como autoridades auxiliares a cambio de que sean el conducto para que el palacio de gobierno sea entregado.

Los delegados Armando Juárez, Esteban Martínez y Sixto Rosas; así como los representantes del Consejo de Participación Ciudadana Rogelio González, Jorge Aguilar y Víctor Martínez sostuvieron una reunión con el alcalde, quien junto con los integrantes del cabildo debían ratificar sus nombramientos luego de que hace 15 días las autoridades auxiliares fueran destituidas porque presuntamente recibieron canonjías del gobierno mexiquense a cambio de apoyar la construcción del nuevo aeropuerto.

En tanto, Juan Manuel Zamora Vázquez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, informó que a pesar de que el organismo ha enviado notificaciones a los ejidatarios de Atenco (que supuestamente han sido víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del gobierno del estado) para que denuncien este tipo de arbitrariedades, hasta el momento no se ha tenido respuesta de ninguno de ellos.

A raíz de las notas periodísticas que han dado cuenta de estas presuntas violaciones a los derechos humanos de los labriegos de Atenco, se dieron a la tarea de investigar y solicitarles que lo hicieran saber directamente a la comisión, añadió.

"La comisión ha tratado de contactar a las personas directamente involucradas con estos hechos de amenazas, sin que hasta el momento hayamos tenido una respuesta positiva por parte de ellos, no obstante que les hemos dejado oficios con sus vecinos para que se les notifique", dijo. (CON INFORMACION DE ISRAEL DAVILA, CORRESPONSAL)