Urge reactivar la silvicultura, opina la Conafor

Ť El sector "ha tenido una baja prioridad dentro de la política pública en la última década"

ANGELICA ENCISO L.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) requiere 12 mil millones de pesos al año para programas de reforestación, plantaciones comerciales y conservación. En la iniciativa presupuestal del gobierno para 2002 está considerado apenas 5.2 por ciento de esa cantidad, 530 millones de pesos.

Ante el bajo presupuesto y los graves problemas del sector, reflejados en deforestación anual de 1.2 millones de hectáreas, déficit en la balanza comercial forestal en 2000 de unos 3 mil 681 millones de dólares ?48 por ciento de la balanza total? y poco desarrollo de plantaciones comerciales, la Conafor sugiere una política fiscal que incentive las zonas forestales.

En bosques y selvas viven casi 12 millones de personas, de las cuales 5 millones son indígenas.

Entre otras estrategias para impulsar el sector, "que ha tenido una baja prioridad dentro de la política pública en la última década", la Conafor plantea 130 reformas a la ley forestal e incentivos fiscales.

La propuesta de cambios que enviará en enero al Congreso se basa en que los ordenamientos legales dificultan el desarrollo y control de la actividad forestal, pues hay aspectos en los que se duplican funciones.

"Las dificultades son mayores en la medida que se han expedido leyes estatales sobre medio ambiente y recursos forestales, surgidas a raíz de la presión social por la ineficacia de las autoridades" y, en ocasiones, utilizan criterios que se contraponen con la legislación federal, indica en el Programa Nacional Forestal.

"La vigencia de un gran número de normas, acuerdos y disposiciones complementarias complica el desarrollo del sector forestal y se constituyen como una gran dificultad para los controles administrativos". Además, hay poca vinculación entre las normas eminentemente forestales, las leyes fiscales y las que tienen relación con el financiamiento para el sector.

También existe alto grado de discrecionalidad de las autoridades, tanto en la interpretación de disposiciones como en la aplicación de procesos administrativos.

La Conafor funda la propuesta de incentivos en que el apoyo del gobierno a la reforestación ha sido bajo o nulo y "los particulares tienen dudas para invertir en actividades que generan rendimientos a largo plazo, con muchos riesgos, sin financiamiento y con poco apoyo técnico".

Los apoyos motivarían a ejidos y comunidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación e investigación a invertir en la actividad forestal, dado que reducirían riesgos e incertidumbres por los largos periodos de maduración de las inversiones forestales.

Países con alto desarrollo forestal han dado incentivos para impulsar la silvicultura y, para que México pueda competir, debe también otorgarlos. Pueden ser directos, a través de subsidios o créditos blandos a particulares, empresas privadas o comunidades, o indirectos, mediante exenciones o deducciones tributarias, servicios, asistencia técnica o educación, detalla.

La Conafor señala en su propuesta "La política fiscal y la actividad forestal en México" que los apoyos, más que subsidios, serían pago por producir beneficios ambientales públicos. "El beneficio ambiental que la actividad forestal produce, como es la generación de oxígeno y la consecuente reducción del dióxido de carbono, en algunos países se considera como base de incentivos, ya que son créditos comerciales que pueden adquirir quienes contaminan, para mantener el derecho de operar, en caso de que les resulte imposible o muy costoso corregir sus emisiones".

Específicamente, el organismo plantea aplicar tasa cero de IVA a las actividades silvícolas; conservar la deducción de 50 por ciento a los contribuyentes del sector; autorizar a los integrantes de la cadena productiva forestal la autofacturación por concepto de gastos de transporte de productos o subproductos forestales; agregar la libre importación de maquinaria y equipo forestal para mejorar la capacidad competitiva de la actividad y deducir impuestos a las empresas que inviertan en acciones de prevención, restauración, protección e infraestructura.