Rolando Cordera Campos

La modernización como desafane

La decisión del gobernador de Oaxaca de abandonar el Acuerdo para la Modernización Educativa continúa y amplía la que semanas antes adoptase el gobernador Sánchez Anaya de Tlaxcala. En ambos casos, la razón parece ser la falta de fondos, y la consecuente imposibilidad de esos gobiernos de cumplir con las exigencias del magisterio local, pero las implicaciones de dichos anuncios van mucho más allá de la penuria fiscal, la arbitrariedad centralista proverbialmente alojada en la Secretaría de Hacienda o las fintas federalistas que cada fin de año, por lo menos desde 1997, llevan a cabo los gober en busca de denarios adicionales.

Los acuerdos, como debe recordarse, no dejaban a los gobiernos de los estados a la buena de Dios, sino que comprometían a la Federación a transferirles los recursos necesarios para realizar la gestión educativa, que ahora quedaría en sus manos. Más que de una renuncia del Estado, se trataba, por lo menos en la letra, de una descentralización de funciones y responsabilidades que acercaba la educación a las comunidades y los gobiernos locales, con el fin de proceder a una modernización cuya aspiración de eficiencia no implicara ceder un ápice en las obligaciones básicas del Estado en materia educativa.

No ha sido así, sin embargo, porque no se abordó uno de los temas centrales de todo proceso descentralizador, que tiene que ver con los actores del mismo y con las capacidades de recepción de recursos y obligaciones por parte de los nuevos responsables. Ni el sindicato ni la normatividad educativa recibieron la atención requerida, y ahora la educación vuelve a presentarse como la catástrofe que describiera Gilberto Guevara hace casi 10 años, aunque cada vez menos silenciosa.

Los acuerdos, en efecto, dejaron sin tocar la relación laboral entre la SEP y el SNTE, que se mantuvo como siempre, en un permanente estira y afloja entre el gobierno federal y la directiva sindical. En ambos casos, sin embargo, lo que se vivía era un simulacro permanente, que se consagraba en la firma periódica de condiciones de trabajo que de inmediato eran desconocidas en la práctica por los varios grupos de presión y oposición que han mantenido la tradición de activismo inaugurada por la CNTE hace 20 años o más, sin que haya podido encontrar una adecuada solución de continuidad en materia laboral, para no mencionar la educativa.

De esta manera, la descentralización heredó a los estados la cuestión no resuelta de la organización del trabajo sustantivo de los maestros, así como el torbellino, nunca encarado satisfactoriamente, del descontento magisterial sobre sus condiciones de trabajo, emolumentos y carrera profesional.

Lo que era cada vez más una simulación en el centro se volvió tierra de nadie con la modernización educativa, con unos gobiernos locales desprovistos de capacidades para negociar salarios, pero también para llevar a cabo, de proponérselo, mejoras sustantivas en el quehacer educacional. El sindicato se volvió archipiélago que cada año viajaba a la capital.

La ruta elegida por Murat y Sánchez Anaya no es la mejor desde el punto de vista educativo, pero tal vez no les quedaba otra para empezar a hacerse oír por sus colegas, por los asignadores de recursos federales y por la sociedad en su conjunto. Ir hacia una confederación es el peor de los caminos para enmendar una descentralización contrahecha, pero es más grave aún dejar de ver lo que está en la base del malestar que ahora vocean los gobernadores pero que desde tiempo atrás sufren las familias, los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas y, sin duda, también una buena parte del magisterio que toma en serio sus compromisos sociales con la tarea educativa.

Con una relación tan viciada como la que subyace en el proceso docente, centrada en un sindicato centralizado y poco representativo, pero dueño de la negociación formal y los dineros, y en el eco de una burocracia que ahora se apoltrona en Hacienda y ha hecho de la educación pública un problema contable, de poco o nada servirán los reclamos fiscales de Murat, Sánchez Anaya y quienes los sigan. La perspectiva abierta por ellos es en extremo grave, porque convoca los peores espectros de la descentralización sin ofrecer caminos de cohesión que le permitan al país dar un salto productivo en la búsqueda de mejores vías para la gestión estatal de los procesos básicos de la vida pública. Pero no es a ellos a quienes hay que reclamar, sino a los que con la descentralización creyeron encontrar la mejor y más segura manera de desprenderse de una obligación que, viéndolo bien, nunca les ha gustado, como es la que tiene que ver con el gobierno del Estado.

El desafane como modernización sigue cobrando víctimas. A ver hasta cuándo. Por lo pronto, hasta aquí llega Argentina.