Los dos años de gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina (10 de diciembre de 1999-20 de diciembre de 2001) no sólo serán recordados por la severa ineptitud política y económica del ahora ex mandatario y de su equipo, sino también como un periodo de rápida y sistemática destrucción de la esperanza en esa nación sudamericana.

En esos dos años se desvanecieron las expectativas de la mayor parte de la población argentina en lo que se refiere a mejorías en el nivel de vida, e incluso en cuanto a garantías para preservar los niveles de subsistencia. Igualmente grave, o peor aún, es que durante los últimos 24 meses se desvanecieron las pretensiones de utilidad y de viabilidad de la institucionalidad democrática reconstituida a mediados de la década antepasada, tras el colapso de la sangrienta dictadura militar que se abatió sobre ese país y su gente entre 1976 y 1983.

La ola de exasperación social que culminó ayer con la dimisión de De la Rúa constituye un juicio demoledor sobre el desempeño del conjunto de la clase política argentina en sus dos principales formaciones --radical y peronista--, la cual ha llevado a su nación de crisis en crisis, desde los procesos hiperinflacionarios que produjeron el término anticipado de la presidencia del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), los dos periodos en los que el justicialista Carlos Menem entregó el país a la ilegalidad, la frivolidad y la corrupción (1989-1999), hasta el desastre y la incertidumbre del presente.

El hecho más descorazonador, a este respecto, es que por muy errática y torpe que haya sido la gestión de De la Rúa, su final no soluciona ninguno de los problemas fundamentales de los argentinos y de su economía. La ira popular podrá menguar, pero la deuda externa sigue allí, intacta; las desigualdades sociales siguen ahondándose, independientemente de que las administren peronistas o radicales; la intransigencia y el dogmatismo de los organismos financieros internacionales no se han visto atenuados por el drama social que estalló en aquella nación; los políticos profesionales -argentinos y latinoamericanos, en general- no han podido o no han querido formular propuestas alternativas viables al fundamentalismo neoliberal todavía en boga en esta región del mundo.

En tales circunstancias, la vuelta al poder del justicialismo posmenemista, tan confundido, errático y desdibujado como el priísmo mexicano posterior al 2 de julio de 2000, no es una buena noticia.

La única que sí lo es en la presente coyuntura es el inicio de una serie de imputaciones legales a Domingo Cavallo, el arrogante tecnócrata que, tanto con Menem como con De la Rúa, llevó la ruina a millones de hogares argentinos.

Por su propio beneficio y por el de sus respectivas sociedades, los abundantes ministros, asesores y operadores del neoliberalismo que pululan en los equipos presidenciales de Latinoamérica debieran escarmentar en cabeza ajena, percibir hasta qué niveles de desastre nacional y personal pueden conducir sus recetas y, en consecuencia, deponer su soberbia y su insensibilidad, y cambiar de rumbo.