Las cifras sobre maltrato infantil en nuestro país, dadas a conocer el día de ayer por el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Bernt Aasen, provocan alarma, indignación y reflexión: de acuerdo con esos números, 30 por ciento de los menores mexicanos han sido víctimas de alguna forma de agresión física, moral y/o sexual.

A ello se agrega el dato presentado ayer mismo por la directora del DIF nacional, Ana Teresa Aranda Orozco, en el sentido de que, en el territorio nacional, unos 16 mil niños son objeto de explotación sexual y comercial.

Cualquier propósito de dar vigencia a los derechos humanos se vuelve superficial y frívolo si no se comienza por la defensa de los más débiles y frágiles ante las violaciones de tales derechos, es decir, los niños y jóvenes menores de edad.

Peor aún, la persistencia de agresiones contra este sector de la sociedad asegura la perpetuación de una cultura de la violencia, abuso y maltrato en las generaciones venideras. Entre los menores que hoy sufren agravios se gestan los adultos que serán los violadores de derechos humanos en las próximas décadas. Quienes en su infancia viven la violencia cotidiana se acostumbrarán a ella y hallarán, en su vida adulta, que se trata de un procedimiento normal y justificable.

La erradicación de este círculo vicioso destructivo y terrible, que obstaculiza el desarrollo humano personal y el pleno desenvolvimiento cívico, legal y democrático del país, es una tarea nacional obligada, cuyo comienzo no debe postergarse. Ciertamente, el Estado tiene en ella una responsabilidad central, pero el combate al maltrato y la explotación de menores en todas sus expresiones es también un deber de todas las organizaciones sociales --políticas, culturales, religiosas, sindicales, deportivas-- y de todos los individuos.

No debe olvidarse que, con deplorable frecuencia, los agresores de niños suelen ser sus propios padres, tutores o personas del entorno familiar y social inmediato. Por ello es necesario promover y fortalecer una cultura de respeto irrestricto a la integridad física, intelectual y emocional de los menores.

Se requiere también, en lo inmediato, de un fortalecimiento de mecanismos legales de protección a los niños y jóvenes, comenzando por modificaciones legales que les garanticen protección.

La parte sustancial de esta tarea es de índole educativa. Deben inculcarse a los menores, pero también en los adultos, valores orientados a preservar los derechos de las personas desde su nacimiento y en el periodo posterior, que es precisamente en el que se encuentran más indefensos.