Ť El asesinato es parte de la ola de violencia que prevalece en la entidad: diputados priístas

Matan en Monterrey a un abogado y a su ayudante al salir de su despacho

Ť Exigen legisladores la renuncia de la procuradora de Justicia, Alida Bonifaz Sánchez

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NLl, 12 de diciembre. Un abogado y su asistente murieron poco después de que sujetos desconocidos los acribillaron a balazos cuando salían del despacho donde laboraban, la noche de este martes.

El incidente, que se consideró parte de la reciente ola de violencia que prevalece en la entidad, desató reacciones inmediatas entre diputados estatales priístas, quienes exigieron la destitución de la procuradora de Justicia Alida Bonifaz Sánchez y pidieron al gobernador Fernando Canales Clariond que declare a Nuevo León en "estado de emergencia".

José Luis Robles y Gayol, subprocurador de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, señaló que una de las primeras líneas de investigación apunta a una posible venganza derivada de la actividad profesional del litigante Eduardo Marchand Sánchez, de 38 años de edad, quien se ocupaba principalmente de asuntos del ramo laboral.

La diputada local priísta Marcela Guerra Castillo señaló que ante las ejecuciones registradas en la entidad y la incursión de comandos armados a domicilios particulares "se hace evidente" que el gobernador Canales Clariond se equivocó al "imponer" como procuradora a Bonifaz Sánchez, quien -según la legisladora- debe abandonar el cargo para que ocupe su lugar "alguien que sí pueda" proporcionar mejor seguridad al estado.

En el mismo sentido se pronunció el también diputado estatal priísta Pedro Morales Somohano, quien consideró que Canales Clariond debe declarar estado de emergencia "para que se tomen acciones urgentes que permitan enfrentar la violencia del crimen organizado".

Las ejecuciones de Marchand Sánchez y su asistente Francisco Méndez Puga, de 63 años, ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del martes, a la salida del despacho donde trabajaban, en la calle Aramberri 1713 Oriente, del centro de Monterrey.

Según testigos a quienes interrogó la Policía Ministerial, varios desconocidos esperaban cerca del despacho a los ahora occisos y apenas los vieron salir dispararon en su contra con armas calibre .357. Malheridos, Marchand Sánchez y Méndez Puga lograron volver a su oficina, desde donde solicitaron ayuda telefónicamente.

Marchand Sánchez fue trasladado a la clínica 33 del IMSS, en la cual murió minutos más tarde, mientras que Francisco Méndez falleció en el Hospital Muguerza, cinco horas después.

Apenas el 30 de octubre un comando de unos 20 gatilleros vestidos de militares tumbaron con un vehículo Hummer el portón de una finca localizada en la colonia Hacienda de Santa Lucía, donde mataron a un ex policía ministerial y dejaron heridos a otros dos vigilantes de la residencia, propiedad del presunto narcotraficante Zeferino Peña.

El 29 de noviembre, otro grupo de sicarios armados con rifles AK-47 y R-15, así como lanzagranadas, ejecutaron al vigilante de una finca de Cadereyta y causaron heridas de bala a dos hijas de la víctima. La casa de descanso donde ocurrió el ataque es propiedad del empresario transportista Raymundo García Solís, detenido hace años por delitos contra la salud, quien supuestamente era el objetivo del comando.