Aprueba el IFE cambios en los documentos básicos del PRI y en los estatutos del PAN

Ť Las precisiones realizadas a los documentos priístas fueron de ortografía: Jacqueline Peschard

MIREYA CUELLAR

El Consejo General del IFE aprobó ayer por unanimidad los cambios que el Partido Acción Nacional realizó a sus estatutos el pasado fin de semana, no así los efectuados por el PRI en su 18 asamblea, que pasaron por mayoría de ocho votos a favor y uno en contra, el del consejero Jaime Cárdenas.

El mencionado consejero acusó al PRI de incurrir en "vicios formales" como no haber sometido al pleno de la asamblea, reunido en Toluca, lo aprobado por las mesas y realizar "289 alteraciones" a los documentos, dos semanas después de concluida dicha reunión.

Jaime Cárdenas informó que el pasado 4 de diciembre el representante suplente del PRI ante el órgano electoral, Rafael Ortiz, entregó al IFE un legajo con 289 modificaciones "de estilo" al documento entregado más de una semana antes por Felipe Solís Acero, y aunque la mayoría son aparentemente modificaciones sólo de redacción, eso representa un error porque el IFE debe avalar el documento aprobado en la asamblea.

Fueron seis los "vicios formales" señalados por el consejero a los priístas en el proceso de aprobación de sus nuevos documentos básicos; entre ellos, además de los ya mencionados, las contradicciones entre los estatutos que estaban vigentes y la convocatoria a la asamblea. Por ejemplo, los primeros marcaban que tenían derecho a participar como delegados dos diputados por entidad federativa y la convocatoria incluyó cuatro.

Además, posteriormente a la celebración de la asamblea, la denominada Comisión Nacional Electa de Dictamen sesionó para hacer modificaciones de redacción y congruencia a los dictámenes emitidos por las tribunas de debate, situación para la que no tenía facultades. Según el artículo 44 del reglamento de la asamblea priísta, la comisión de marras sólo podía resolver incongruencias que se suscitaran entre las mesas de debate, y antes de a la presentación de conclusiones en la ceremonia de clausura. Según el consejero, dicha comisión terminó modificando el sentido de algunos de los resolutivos.

Los defensores del dictamen

Sin embargo, los consejeros Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio defendieron el dictamen a favor de avalar las reformas priístas porque según el acta de clausura de la asamblea priísta dice: "los presidentes de las cinco mesas de conclusiones han presentado las resoluciones derivadas de los dictámenes de las 23 tribunas de debate, que darán lugar a los nuevos documentos básicos del partido. Es decir, en el acta se establece que fueron presentadas de tal manera que si la prensa no lo recogió, creo que para nosotros no debe ser un referente la prensa", señaló Peschard, (los periódicos reportaron que tal presentación nunca se dio).

La consejera también explicó que las 289 correcciones que hizo el PRI fueron a "faltas de ortografía e inconsistencias en cuanto a referencia a algunos artículos o problemas con las mayúsculas..."

Al realizarse la votación en lo particular, el consejero Gastón Luken se manifestó en contra de dos artículos del estatuto priísta por tener "visos" de inconstitucionalidad, dado que mezclan el hecho de que el PRI se forma por individuos pero también por organizaciones. Las modificaciones aprobadas al PRI incluyeron estatutos, declaración de principios y programa de acción, mientras que el PAN sólo puso a consideración cambios a sus estatutos.

Aunque las reformas panistas pasaron por unanimidad hubo algunas objeciones al hecho de que los miembros adherentes no puedan votar a la hora de elegir candidatos, como sí ocurrió cuando Vicente Fox resultó electo aspirante a la Presidencia. El consejero Cárdenas consideró que la medida constituye un trato inequitativo a los ciudadanos que participan en los partidos políticos.

En un intento por dar fin al recurrente debate que se venía dando entre los miembros del Consejo General del IFE, por los procedimientos y tiempos usados por el órgano para desahogar las acusaciones y quejas administrativas que presentan los partidos políticos y ciudadanos, se aprobó ayer un reglamento en el que se establece que se contará con un plazo máximo de 80 días para resolver las quejas, con sus excepciones.

El proyecto original presentado por la Comisión de Reglamentos fue modificado porque la mayoría de los consejeros se opuso a que el IFE siguiera investigando de oficio aquellas quejas en las que la parte acusadora se desiste, y se determinó que el lapso de presentación de pruebas vence con el cierre de la instrucción y no 24 horas antes de la discusión del dictamen correspondiente en sesión, como se pretendía.