A un año del cambio esperado y prometido, las ilusiones se transforman en desilusión y espera desencantada y desesperazada. La solución al problema de Chiapas no sólo no se concretó --como el país esperaba--, sino que la nueva ley sobre derechos y cultura indígenas fue aprobada a contrapelo de la movilización y exigencias de los pueblos indios que, junto con el EZLN y una parte importante de la opinión pública internacional, consideran una afrenta el nuevo texto legal y se oponen a su aplicación. 

La oferta de lograr un crecimiento de 7 por ciento anual (que, dicho sea de paso, ignoraba los signos de recesión en Estados Unidos) se transformó en un crecimiento cero que, analizando el incremento demográfico, es en realidad un crecimiento negativo. 

La promesa de ampliar el mercado de trabajo se convirtió sin embargo en la pérdida de medio millón de empleos formales, y las esperanzas puestas en las inversiones frescas y productivas en la maquila y la exportación rápidamente se marchitaron. Las empresas maquiladoras redujeron su producción y sus ingresos en 20 por ciento y realizaron despidos masivos, y la exportación cayó a consecuencia de la disminución del consumo estadunidense.

Por su parte, las esperanzas de que se abatieran los índices delincuenciales, se suprimieran los secuestros, se redujera la inseguridad y se pusiera fin a la corrupción fueron rápidamente desmentidas, en tanto las promesas del candidato presidencial triunfante de limitar el poder de dirigentes sindicales y campesinos corporativos y de los dinosaurios políticos, terminaron en la renovación de la alianza con ellos, que mantienen, aunque maltrecho, su poder antidemocrático. 

A pesar de gestos laudables como la liberación de los ecologistas guerrerenses injustamente encarcelados, el asesinato no resuelto de Digna Ochoa y Plácido --que causó un escándalo mundial--, así como el encarcelamiento prolongado del general Gallardo, empañaron las promesas de dar vigencia a un estado de derecho, y la promesa de escuchar al pueblo fue desmentida por la forma en que se decidió, a espaldas de los ejidatarios, dónde se instalaría el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. 

En el tema de las relaciones con Estados Unidos es muy poco lo que se logró. A pesar del apoyo "incondicional" ofrecido a Washington, siguen sin avanzar los asuntos de los indocumentados y el ingreso de la mano de obra mexicana al principal mercado de trabajo mundial, y si bien la incorporación de México al Consejo de Seguridad de la ONU contó con el apoyo de Washington y de las grandes potencias y de otros países, no logró los votos de las naciones latinoamericanas, lo cual reduce la capacidad de nuestro país en la negociación con el vecino del norte, pues no representa a los países hermanos de este continente. 

Por último, los errores del Presidente y de los miembros de su gabinete, su falta de experiencia para ejercer el presupuesto de que disponen, su insensibilidad y fastidio ante las críticas y hasta algunos escándalos redujeron su indudable luna de miel inicial con el electorado y desgastaron la imagen presidencial, mientras en su partido afloró, nuevamente, el sector más conservador, opuesto incluso al cambio nada definido que intentan en Los Pinos. 

Queda, sin duda, en el magro "haber" de este balance de fin de año, el deseo de democratización y de transparencia expresado a pesar de las constricciones a la prensa y del mal manejo por parte de los responsables de la comunicación de la Presidencia y otras dependencias, que redujeron incluso el presupuesto para la divulgación.

Queda, también, un clima de libertad que antes no existía; el reciente informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas sería impensable con un gobierno del PRI. Y si no como factor positivo, al menos como atenuante de los resultados negativos, queda el hecho de que en éstos influye evidentemente la recesión en el mercado estadunidense, al cual México exporta más de 80 por ciento de su producción y, desde luego, la caída del precio del petróleo. 

Sin embargo, esa recesión había sido prevista --aunque no por el equipo gobernante--, y la caída del precio del petróleo, además de la disminución del consumo de energía estadunidense debido a la crisis, se debe también a la superproducción impuesta a Pemex, que buscó ayudar a Estados Unidos a bajar los costos de producción y mantener altas las ganancias abatiendo los precios y la duración estimada del tan estratégico hidrocarburo mexicano. 

Es de esperar, por lo tanto, que ante los resultados tan pobres del balance de un año de actividades en pro del cambio prometido, se pueda producir una drástica reorientación que fomente el empleo, sostenga el mercado interno, acabe con los privilegios y la corrupción y preste oídos a los sectores sociales más afectados por la crisis que, o guardan un silencio ominoso, o recurren crecientemente a protestas violentas y desesperadas.