Ayer, momentos después de ser investido presidente de la Internacional Democrática de Centro (IDC, Democracia Cristiana, hasta hace poco), el jefe del gobierno español, José María Aznar, desestimó con una sonrisa los graves señalamientos formulados por Amnistía Internacional en torno a las prácticas de tortura que el Estado español sigue perpetrando contra acusados de pertenecer a ETA, grupo terrorista vasco. 

Asimismo, el mandatario acusó al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de "legitimar" a los etarras en la medida en que comparte con éstos, si no los medios, al menos los fines, y aseguró que en su país las únicas violaciones a los derechos humanos son las que perpetran los terroristas vascos.

La violencia de ETA es, sin duda, indefendible. Ninguna causa social, ningún nacionalismo, puede justificar el asesinato de civiles inermes --sea cual fuere su filiación partidaria o sus funciones-- ni las acciones terroristas que afectan, indiscriminadamente, a la población. Nada ha hecho más daño a la causa de la soberanía vasca que el derramamiento estúpido de sangre por parte de ETA.

Sin embargo, las denuncias de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado español en su persecución de los independentismos vascos --tanto de los violentos como de los pacíficos y legales-- no son menos ciertas que las referidas a países no europeos, menos desarrollados y más pobres, ni menos válidas que las exigencias del organismo humanitario internacional al grupo terrorista vasco para que cese de inmediato su estrategia de asesinatos, atentados y agresiones.

Desde esta perspectiva, el conflicto por el futuro del País Vasco aparece como una confrontación entre dos concepciones totalitarias, intolerantes y profundamente inmorales: la de los etarras que pretenden imponer la independencia mediante una profundización de la violencia irracional y terrorista, y la del gobierno de Madrid resuelto --a pesar de los sonrientes desmentidos de Aznar-- a extirpar cualquier pensamiento independentista, aunque sea violando los derechos humanos, ignorando la legislación nacional e internacional y pisoteando valores humanos fundamentales.

En medio de estas posturas, las mediaciones pacíficas, políticas y legales se ven sometidas a un doble acoso: las amenazas --y las agresiones-- de los etarras, por un lado, y el hostigamiento judicial y policial de Madrid. Un ejemplo reciente de ello es el encauzamiento y la captura, ordenados por el juez Baltazar Garzón, de varios activistas de Gestoras Pro Amnistía, organización no gubernamental dedicada a defender los derechos humanos de los etarras o presuntos etarras encarcelados. 

Otro dato significativo de este acoso es el sistemático golpeteo del gobierno español contra el PNV por el simple hecho de que éste es, como lo dice su nombre legal, nacionalista y vasco. Esa simple filiación basta, para mentes como la de Aznar, para considerar a esa formación política legal --mucho más vieja que el actual régimen político de España-- como una suerte de fachada y cómplice de ETA.

Con estos elementos de juicio, la sonrisa de Aznar parece, más que una expresión de buena conciencia, una manifestación de cinismo.