Según el tabulador de sueldos de la administración pública federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Vicente Fox percibe un salario de 232 mil 431 pesos mensuales, cantidad a todas luces distante de los 155 mil pesos informados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año que fue entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.

Al margen de que la nada discreta diferencia entre el salario publicado en el DOF y el contenido en el proyecto presupuestal posiblemente radique en los impuestos, es decir, en la variación entre salario bruto y neto, la contradicción en las cifras --ambas oficiales-- pone de relieve la vigencia de las prácticas discrecionales en el manejo del presupuesto federal y la falta de transparencia en la información que vierte el actual gobierno por medio de los canales oficiales. Prueba de ello es que el Congreso aprobó en el presupuesto corriente una cantidad de ingreso para el Presidente, cuando en realidad, y así consta en el tabulador oficial, el total acumulado de su salario es mucho mayor.

El punto en cuestión no es el monto del salario del Presidente de la República, sino la constante falta de claridad en la información oficial, en particular en lo que al uso del dinero --el de todos los mexicanos-- se refiere. Si en el DOF se publica que el salario base bruto de Vicente Fox rebasa los 200 mil pesos, entonces por qué el afán de ocultar la realidad anunciando que la percepción del Presidente se "mantendrá congelada" en poco más de 150 mil pesos mensuales. ¿Es tan complicado hablar con la verdad?

Lo preocupante es que si en un tema aparentemente superfluo como el salario del Presidente no se está siendo transparente, qué podemos esperar de otros mucho más importantes como la aplicación del gasto destinado al combate a la pobreza o tan delicados como la deuda generada por el rescate bancario. Sea cual sea el tema, resulta conveniente recordarle a la administración de Vicente Fox que el dinero que manejan le pertenece a todos los mexicanos.

Dadas las circunstancias, es necesario exigir que el gobierno actúe con la mayor claridad y no sólo en temas como el ejercicio del presupuesto, sino en todos los aspectos que conforman su compromiso en la consolidación de la democracia y el estado de derecho.

La presta solución a los sonantes casos de violación a los derechos humanos --aun a los cometidos en gobiernos anteriores-- es tan sólo uno de los compromisos pendientes del actual gobierno. En este sentido, bien cabe preguntarnos cuál será la posición del Ejecutivo ante el caso del general José Francisco Gallardo, quien se encuentra preso desde 1993, pese a que ayer se cumplió el plazo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su liberación. De entrada, el incumplimiento del Ejecutivo a la recomendación de la CIDH tendrá un elevado costo diplomático para México, y una vez que la Comisión turne el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es previsible que se emplace un juicio en contra del gobierno de Vicente Fox.

El Presidente tiene el poder jurídico para reconocer la inocencia del general Gallardo y dejarlo en libertad. 

Que impere la justicia. Y la transparencia.