La marcha realizada ayer por comuneros y ejidatarios de San Salvador Atenco al Distrito Federal, marcada por enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, es una expresión clara del descontento social y de los conflictos que se avecinan a raíz de la determinación del gobierno federal de iniciar, en Texcoco, estado de México, la construcción del nuevo aeropuerto metropolitano.

En este espacio, antes y después del fallo que estableció a Texcoco como sede de la terminal aérea, se señaló que, independientemente de las consideraciones meramente técnicas, el proceso de decisión --entre ese municipio mexiquense y Tizayuca, en Hidalgo-- dejó mucho que desear en materia de transparencia, participación y sensibilidad política. Uno de los más graves defectos de ese proceso es que se omitió consultar, con la formalidad y la atención que el caso ameritaba, a los municipios afectados y sus habitantes. 

Habría debido considerarse que la realización del proyecto implica algo mucho más grave que la expropiación de las tierras en las que los lugareños residen y trabajan --predios ejidales y comunales y pequeñas propiedades--: conlleva, además, la casi desaparición de la comunidad agraria de San Salvador Atenco, 80 por ciento de cuyas parcelas de cultivo serán expropiadas. 

Para colmo, a los habitantes de las regiones afectadas, campesinos en su mayoría, no se les ha ofrecido una alternativa de vida mínimamente decorosa. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales estableció los precios de los terrenos a expropiar en un nivel insignificante que oscila entre siete y 25 pesos el metro cuadrado. De esa forma, los labriegos mexiquenses recibirían indemnizaciones de entre 50 mil y 75 mil pesos por la pérdida de sus casas y medios de subsistencia.

Esta perspectiva resulta tanto más agraviosa si se considera que las expropiaciones darán lugar a pingües negocios de especulación inmobiliaria que enriquecerán a particulares y empresas dedicadas al fraccionamiento y construcción, y que los metros cuadrados que el gobierno pretende expropiar en siete pesos acabarán siendo revendidos, cuando la obra se encuentre avanzada, 100 o mil veces más caros.

La ira de los campesinos mexiquenses y su marcha a la capital son sólo uno de los efectos conflictivos de una determinación que se adoptó en forma autoritaria, antidemocrática e insensible. Por desgracia, si el gobierno federal no revisa su decisión o si, al menos, no se adelanta a resolver los problemas que éste seguirá generando, irán apareciendo, conforme avancen los procesos administrativos y constructivos de la terminal aérea, otras consecuencias indeseables.