Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revela que los nombres de 250 personas, de las 531 que han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares y testigos presenciales de sus detenciones, figuran en las listas oficiales bajo el adusto título de "muertos en enfrentamiento" o, para decirlo con precisión, como ejecutadas.

Si bien algunas de las investigaciones hechas por la CNDH no gozan de la mejor reputación en el ámbito internacional --recordemos que el International Council on Human Rights Policy aseguró el año pasado que son superficiales--, los resultados del informe de desaparecidos en nuestro país merecen la mayor atención de parte del gobierno de Vicente Fox, ya que representan una oportunidad sin precedente para esclarecer las infamias del pasado y sentar las bases de justicia que garanticen que no volverán a ocurrir jamás.

En principio, es plausible que un órgano del Estado como la CNDH acepte --a poco más de 11 años de su creación-- que grupos creados y protegidos desde el poder desaparecieron y ejecutaron a ciudadanos por sus convicciones políticas o por su compromiso social, no obstante que la CNDH carezca de facultades legales para proceder en las investigaciones. 

Sin embargo, el informe referido es apenas un primer paso que, a la luz de las difusas señales que el actual gobierno ha dado para resolver los crímenes perpetrados por sus predecesores, corre el riesgo de empantanarse en las turbias aguas del olvido y los compromisos políticos, mismos que durante años han protegido a policías, funcionarios de seguridad nacional, políticos y altos mandos del Ejército. 

En este sentido, llama la atención que el presidente Fox tendrá que turnar la lista de "presuntos responsables" al procurador general de la República, un militar del más alto rango, para que realice las investigaciones correspondientes.

Es por ello importante la decisión de la CNDH de entregar los resultados de la investigación, además del Ejecutivo, a diversas organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Las atrocidades del pasado no deben quedar impunes. Es el momento de revisar la historia y hacer justicia a miles de mexicanos que fueron víctimas de los excesos de poder de un régimen que no escatimó en el uso de la violencia. 

Las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extraoficiales son heridas abiertas en la memoria de miles de mexicanos que sólo podrán ser curadas por la mano de la justicia, y esclarecerlas debe ser un imperativo para cualquier gobierno que se diga democrático. 

No es factible hablar de normalidad democrática si antes no se paga esta deuda moral con el país, lo que no debe ser entendido, en ningún momento, como un afán de venganza o un efímero ajuste de cuentas, sino como una necesaria reconciliación con un doloroso pasado a través de la justicia.

Es necesario agregar que, al margen de los loables --aunque tímidos-- logros de la CNDH, los verdaderos avances en la materia se deben, en gran medida, a la incansable y ejemplar lucha de los familiares de los desaparecidos a lo largo de más de 25 años, quienes, como la señora Rosario Ibarra de Piedra y los integrantes del Comité Eureka, no han dejado de insistir un solo día en la búsqueda de la justicia.