De la sombría administración de Roberto Albores Guillén en Chiapas sobresale la conformación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, mismos que en su mayoría fueron gestados y financiados desde su gobierno. Entre los funcionarios directamente vinculados con la formación de estos grupos se encuentran el ex procurador de Justicia del estado Eduardo Montoya Liévano y Werclaín Ramos Aguilar, entonces director de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública.

No obstante que las autoridades de la PGR recibieron en 1998 diversas evidencias que involucraban a Montoya Liévano y Ramos Aguilar con ejecuciones --consumadas por dichos escuadrones de la muerte-- en el municipio de Venustiano Carranza, por razones aún inciertas no se llevó a cabo investigación alguna sobre el particular y el caso fue deliberadamente cerrado.

Mariano Herrán Salvatti, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la dependencia federal y actual titular de la PGJ en aquel estado, afirma que en su momento solicitó al gobernador Albores Guillén las facilidades para investigar a Montoya Liévano. Sin embargo, dice, pese a la respuesta positiva de Albores, le fue negado el acceso a archivos y dependencias ligadas a la investigación. De acuerdo con el funcionario, actualmente el expediente está "extraviado", por lo que, para reabrir el caso, sería necesario reconstruir el proceso.

Una vez más, la sociedad mexicana se encuentra ante un lamentable caso de impunidad que, pese a las denuncias y evidencias que se presentaron en su momento, se desdeñó, al amparo de altos mandos del gobierno de Albores Guillén. 

Precisamente en enero de 1998 el entonces procurador federal, Jorge Madrazo Cuéllar, aceptó la presencia de una docena de grupos paramilitares en Chiapas. No obstante, la tibia posición de la PGR ocultó hasta donde pudo que estos grupos eran tolerados y solapados --incluso financiados-- por funcionarios, miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad públicas estatales y municipales. En tanto, los defensores de derechos humanos que aseguraban que grupos paramilitares actuaban en más de 20 ayuntamientos del estado fueron ignorados.

Después de tres años, al ventilarse nuevamente la existencia de estos crímenes irresueltos, la atmósfera política que hoy vive el país vuelve a contaminarse, especialmente en materia de procuración de justicia y derechos humanos.

Diversas organizaciones no gubernamentales alertan que un gobierno que no procura resolver las violaciones cometidas en tiempos de gobiernos anteriores comete, por la simple omisión, una nueva violación a estos derechos. 

En ese sentido, es preocupante que el vocero del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considere que será difícil negociar con la actual administración, debido a que el presidente Fox y varios miembros de su gabinete desconocen la historia de los movimientos que han generado la conciencia de los derechos humanos, y quienes están mejor enterados, como el canciller Castañeda, no han cumplido, por ejemplo, con el compromiso de enviar al Senado para su ratificación el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

A la luz de los hechos, bien vale preguntarnos si en verdad es ignorancia o no existe voluntad suficiente para avanzar en la materia.

Es por esto necesario que el gobierno de Vicente Fox asuma, de una vez por todas, una posición firme en la materia y se abstenga de minimizar las cada vez más enérgicas quejas y recomendaciones de los organismos encargados de la salvaguarda de los derechos fundamentales.