Ayer, en el contexto de las reacciones tardías del gobierno mexicano ante el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, el presidente Vicente Fox se reunió con representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez --organismo al cual había pertenecido la litigante ejecutada-- y de otras organizaciones no gubernamentales. Tras el encuentro, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la ONG referida, Edgar Cortez, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, se comprometió a instalar una mesa de trabajo para abordar el tema de las violaciones a los derechos humanos, uno de los puntos críticos que, junto con el de los pueblos indígenas, no fueron incluidos en las propuestas del Acuerdo Político firmado recientemente. Cortez, por su parte, destacó que, en lo que va del presente sexenio, los ataques a los derechos humanos y a sus defensores no se han detenido, y destacó que otros ocho promotores de las garantías individuales han sido amenazados durante la actual administración.

El encuentro es oportuno para recordar que, a casi un año de la alternancia partidaria en el Poder Ejecutivo y de la llegada de Fox a la Presidencia, la inobservancia y el incumplimiento de los derechos humanos en el país siguen siendo una gravísima asignatura pendiente para México. Además del agravio nacional que ha sido el asesinato de Digna Ochoa, cabe recordar la circunstancia de los dos campesinos ecologistas de Guerrero, quienes continúan presos por defender el entorno --a pesar de las añejas promesas del propio Fox en el sentido de que intervendría para liberarlos--, y el caso del general Francisco Gallardo, quien sigue sujeto a proceso en el fuero militar por haber propuesto la institución de un ombudsman castrense.

En la presente situación, la preocupación por la persistente crisis en materia de derechos humanos no obedece a un mero formulismo legalista, sino a la consideración de que, si esos preceptos no son plenamente vigentes, difícilmente puede hablarse de pacto social, de convivencia civilizada, de estado de derecho o de institucionalidad democrática.

Ante los alarmantes datos sobre la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Fox enfrenta un reto histórico mucho mayor que la decisión sobre la ubicación del aeropuerto, mucho más significativo que la recesión económica, mucho más trascendente que la reforma hacendaria, y de mayor relevancia para México que la guerra contra el terrorismo hipotético lanzada por el gobierno estadunidense, y a la cual nuestro gobierno parece haberse uncido, para colmo, por voluntad propia. Quienes siembran el terror en México no son Osama Bin Laden y sus secuaces integristas, sino los que asesinan a defensores de derechos humanos.

En suma, los fines primeros y últimos de la República son garantizar la vida, la integridad física y moral y la libertad de sus habitantes. Si tales propósitos no se cumplen, el país deja de tener sentido, viabilidad y futuro.

Con esas consideraciones en mente, el asesinato de Digna Ochoa es, además de un crimen brutal, cobarde e indignante, un llamado de atención para las actuales autoridades: o empeñan toda su voluntad y su capital político en el combate frontal a la impunidad y a las violaciones a los derechos humanos, o se inscriben en el proceso de disolución social que conduce al cinismo, proceso que ha sido tolerado y hasta alentado por los últimos gobernantes de la era priísta.