Aunque el gobierno de George W. Bush atenuó ayer su decisión de ocultar al Congreso de su país aspectos fundamentales de la guerra no declarada que se libra contra el terrorismo de Osama Bin Laden, según la versión oficial, y contra Afganistán, según los datos disponibles, el secretario de Estado, Colin Powell, y la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, se manifestaron en contra de que los medios --sobre todo, los electrónicos-- difundan mensajes del cabecilla fundamentalista y de su organización Al Qaeda. La segunda formuló un exhorto en este sentido a las grandes cadenas televisivas estadunidenses, las cuales acataron dócilmente el llamado. El primero fue más allá: llamó la atención a la cadena televisiva qatarí Al Jazeera por haber transmitido el más reciente mensaje pregrabado de Bin Laden y regañó a las autoridades de Qatar por haberlo permitido.

No puede ignorarse que Al Qaeda y su dirigencia, sin duda terroristas y ciertamente repudiables desde los valores de la paz, la democracia, la pluralidad, el laicismo y la tolerancia, han sido puestas en un primer plano de protagonismo noticioso por el propio gobierno estadunidense. Pero sólo a partir de una mentalidad severamente alterada por ''razones de Estado'' propias de la Gestapo podría suponerse que la cobertura informativa profesional de esos actores del conflicto implicaría facilitar la tarea de los terroristas. Las declaraciones de Rice y de Powell no parecen obedecer a una legítima preocupación por la seguridad de su país, sino a un designio censor incompatible con la democracia y con las libertades individuales, y cercano, por el contrario, al totalitarismo, sobre todo si se toma en cuenta que la ofensiva bélica en curso no se desarrolla en el marco de una declaración formal de guerra. 

Ciertamente, si el gobierno de Washington ha decidido tomar como pretexto la actual crisis para lanzar una ofensiva contra los derechos civiles y la libertad de expresión, corresponderá en primera instancia a la sociedad estadunidense resistir esos ensayos de autoritarismo. Pero, en el contexto contemporáneo de interdependencia, globalización informativa y concentración mediática, los actos de censura en un país se convierten en agravios para la opinión pública mundial y para todos los informadores del planeta.

Finalmente, si quedara margen para dudar de la determinación censora estadunidense, el secretario de Estado se ha encargado de eliminarlo al pretender influir en los contenidos y las decisiones editoriales de un medio independiente que opera en un Estado soberano. Tales actitudes inquisitoriales son inadmisibles y deben ser detenidas en seco. Sería deseable, en esta perspectiva, que los medios informativos de otras naciones se solidarizaran expresamente con Al Jazeera y con su decisión de mantener una independencia periodística que sólo desde una mentalidad dictatorial podría ser asociada a una colaboración con el terrorismo.