La decisión gubernamental de limitar las importaciones de frijol estadunidense a las necesidades de consumo que sobrepasen la producción nacional, anunciada ayer en Zacatecas por el presidente Vicente Fox, es una medida sin precedentes, ciertamente atinada, que debiera generalizarse al resto de los productos agrícolas, como lo han pedido reiteradamente los agricultores de todos los niveles desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), hace más de siete años.

La determinación podría parecer un asunto menor, pero ha de considerarse que la apertura indiscriminada y súbita de las fronteras a las importaciones agrícolas ha sido el factor principal de la catastrófica situación en la que se debate la mayor parte del campo mexicano y de sus habitantes y que, en esa medida, constituye un paso en la dirección correcta: proteger a los campesinos nacionales de una globalidad depredadora, inequitativa y destructora de las cadenas económicas y del tejido social agrario.

La medida resulta particularmente meritoria habida cuenta que se anuncia en un entorno internacional tenso y enrarecido por los ataques terroristas en Estados Unidos y por las reacciones del gobierno de ese país.

En diversas ocasiones se han señalado, en estas páginas, las inconsecuencias y las incoherencias de la política agraria del presente gobierno. En este momento ha de reconocerse que el cierre de la frontera a importaciones de frijol que excedan las necesidades del mercado nacional es un dato esperanzador en la perspectiva de corregir tales políticas.

Sin duda, hacen falta más acciones en este terreno, y en otros. Sería ilusorio suponer que los resultados de desastre de más de una década de desprecio y apatía oficial hacia el agro podrían revertirse limitando las importaciones agrícolas. 

Se requiere, además, de la reconstrucción de instrumentos de regulación y seguridad para los campesinos --como los precios de garantía en algunos cultivos de importancia estratégica-- y del establecimiento de mecanismos redistributivos. Cabe recordar, a este respecto, que el agro mexicano es el sector más desigual de una nación que es, en conjunto, escandalosamente inequitativa.