El acuerdo en materia de seguridad anunciado ayer por el presidente Vicente Fox y el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, puede ser sin duda un paso importante en el combate a la delincuencia que azota la ciudad de México, en la medida en que esa tarea requiere, ante el accionar de una criminalidad que no reconoce demarcaciones políticas --ni fronteras internacionales--, de la coordinación de esfuerzos federales y locales.

El encuentro de ambos gobernantes en el antiguo palacio del Ayuntamiento, sede del GDF, tiene adicionalmente, más allá de las políticas de seguridad pública, una inocultable significación republicana esperanzadora para la sociedad, y constituye en esa medida un dato plausible en medio de la incertidumbre de la vida política posterior al priato.

Ha de considerarse que un elemento no menor de tal incertidumbre ha sido la convivencia institucional entre mandatos de signo político diferente, como ocurre entre la capital de la República y el Ejecutivo federal, entre éste y la mayor parte de las gubernaturas, entre una Presidencia de origen panista y un Legislativo en el que Acción Nacional carece de la mayoría, entre un gobierno capitalino perredista y una Asamblea Legislativa fraccionada, por no mencionar las patentes disonancias entre el presidente Fox y su propio partido.

En ese contexto, las constantes y variadas confrontaciones entre el GDF y la Presidencia de la República han sido un factor de acentuada zozobra ciudadana, particularmente por lo que hace a los habitantes de la ciudad de México, quienes el 2 de julio del año pasado emitieron un voto mayoritario claramente diferenciado: para López Obrador en lo local y para Fox en lo nacional. 

Uno de los episodios más desconcertantes de los desacuerdos fue la pugna por el horario de verano, que actualmente se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la forma de sendas controversias constitucionales interpuestas por el jefe del Ejecutivo y por el gobernante urbano.

Las recientes convergencias de ambos funcionarios en el empeño de rescatar el Centro Histórico, hace unos días, y ayer en la formulación de acciones comunes contra la delincuencia, son signos alentadores que fortalecen la viabilidad de la institucionalidad plural y democrática que la nación debe construir en remplazo de la extinta unanimidad priísta que imperaba hasta hace pocos años --diciembre de 1997, por lo que hace a la relación entre la Federación y su ciudad capital-- y por la cual la sociedad ha pugnado desde hace mucho tiempo.

Finalmente, los recientes acuerdos entre Fox y López Obrador permiten ver sus desavenencias pasadas y presentes --incluso la que se dirime en el máximo tribunal del país-- como parte de la normalidad democrática y de la regular coexistencia institucional entre fuerzas políticas de signo contrastado.