En entrevista con este diario, el secretario de la Contraloría de la Federación, Francisco Barrio Terrazas, formuló una interesante evaluación de lo realizado en los primeros nueve meses del gobierno de Vicente Fox en materia de combate a la corrupción e investigación de irregularidades cometidas en el sector público durante la administración anterior.

A la extendida percepción social de que el actual grupo gobernante no ha ido lo suficientemente lejos ni lo suficientemente a fondo en la revisión de las cuentas del zedillismo, el funcionario antepone argumentos atendibles, como la necesidad de mantener las pesquisas dentro de los cauces legales, sin recurrir a la fabricación de culpables, así como la posibilidad de que entre el 6 de julio de 2000 y el 1º de diciembre de ese mismo año, es decir, en el lapso transcurrido entre la victoria electoral de Fox y la salida al poder de los priístas, éstos tuvieron tiempo de sobra para borrar las huellas de la corrupción.

Posiblemente las sospechas generalizadas de arreglos cupulares inconfesables entre el gobierno foxista y sus antecesores sea producto de un justificado resentimiento social ante la escandalosa y agraviante corrupción que imperó en importantes sectores de la administración pública en los últimos sexenios priístas, así como de las expectativas desmesuradas que generaron las promesas y los excesos verbales típicos del foxismo en campaña. 

Si es así, la defensa de Barrio es sólida y bien argumentada, particularmente en lo que se refiere a la difícil construcción, a futuro, de una cultura y de unos mecanismos que impidan la apropiación indebida de recursos por parte de funcionarios públicos. 

De cualquier forma, los magros resultados que hasta ahora arrojan las investigaciones de la Contraloría, así como el desgano ?reconocido por el propio Barrio? con que ha venido actuando la Procuraduría General de la República en esta materia tienen un costo político importante para el gobierno actual, porque reducen su credibilidad en tanto que régimen de deslinde y transición.

Hay, con todo, una vertiente de sospecha para la cual las autoridades panistas carecen de justificación o explicación: la falta de acciones administrativas y penales ante el monumental robo al erario que representó el rescate bancario emprendido en el sexenio anterior. En este punto, además, existe el precedente de que los legisladores del partido ahora en el gobierno contribuyeron a legalizar el saqueo --la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario fue idea de ellos-- y ello contribuye a fortalecer la sospecha de que la impunidad resultante es consecuencia de una negociación furtiva e inconfesable entre tricolores y blanquiazules.