La defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México formulada ayer por el rector de esa institución, Juan Ramón de la Fuente, ante el secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, es un deslinde necesario ante el embate de sectores políticos y mediáticos contra la máxima casa de estudios y, por extensión, contra la educación superior pública.

Los señalamientos de De la Fuente sobre la necesidad de preservar las universidades públicas, "espacios abiertos que la sociedad ha venido construyendo a lo largo de muchos años", ocurren en un momento caracterizado por el recrudecimiento de la evidente campaña de acoso contra la UNAM por parte de intereses políticos, mediáticos y económicos empeñados en una plena privatización de la educación superior. 

El pretexto para reavivar la hostilidad contra la máxima casa de estudios ha sido, en esta ocasión, la pertenencia a la UNAM de varios de los presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), recientemente capturados, contra quienes ayer se dictó auto de formal prisión.

A raíz de esta circunstancia, voces de distintos sectores, incluso algunas del sector público, han buscado describir a la Universidad Nacional como un semillero de guerrilleros, como si tres estudiantes de una población de cientos de miles bastaran para semejante caracterización. Simultáneamente se han reavivado los cuestionamientos a la utilidad de la institución en el marco de la educación, la cultura y el desarrollo científico y tecnológico del país.

La orientación proempresarial y eficientista del actual gobierno pareciera abonar el terreno para los detractores de la UNAM, en la medida en que se repiten planteamientos sobre una supuesta falta de rentabilidad de la institución. Tales planteamientos ignoran que la inversión en educación y cultura, aunque no genere rendimientos contables, es indispensable para la sobrevivencia de cualquier país.

Adicionalmente las universidades públicas, la UNAM en primer lugar, constituyen espacios irrenunciables para la libertad de pensamiento, diálogo, cátedra e investigación, sin los cuales difícilmente habría podido gestarse el proceso de democratización nacional ni será posible consolidarlo ni fortalecerlo.

Finalmente, los centros de educación superior pública siguen representado, a pesar de todo, una esperanza de movilidad social sin la cual los descontentos que recorren el país serían más graves y más hondos.