Señora directora: El pasado lunes 20 de agosto La Jornada publicó una nota en primera plana, a la que se refiere también el editorial, sobre "maniobras de guerra" que se realizarán en Argentina. Presenta a los Estados Unidos como un país que pretende violar la soberanía de Argentina y como un agresor de "civiles y organizaciones no gubernamentales". Esto es completamente falso.

Los ejercicios denominados Operación Cabañas 2000 se llevarán a cabo en Argentina del 22 de agosto al 11 de septiembre y tienen el objetivo de formar elementos que puedan participar en coaliciones multinacionales para realizar operaciones de paz. El equipo multinacional está formado por cerca de mil 400 elementos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Del total, 570 son de integrantes de la Marina, la Fuerza Aérea y soldados regulares norteamericanos. Habrá también observadores de Colombia, México y Venezuela.

Se espera que políticos, líderes civiles y representantes de organismos no gubernamentales acudan y evalúen el entrenamiento. Esto es muy distinto a decir que ellos serán el "enemigo" del ejercicio militar, como fueron descritos en la nota.

Durante los ejercicios se practicará la identificación de minas, movimientos tácticos de tropa, técnicas de distribución de alimentos, así como actividades de seguridad. Estos ejercicios están basados en maniobras aprobadas por la ONU y son una muestra de la cooperación internacional que tiene por objetivo reducir conflictos.

John Dickson, ministro consejero para asuntos culturales e informativos de la embajada de EU en México

Azarosa elección de ombudsman en Jalisco

Señora directora: En su nota del 22 de agosto, el corresponsal Cayetano Frías informa que presenté un amparo contra actos del gobernador y del Congreso local. No es así: sólo me he amparado ?hasta ahora? contra actos del Congreso del cual depende jurídicamente el proceso de nominación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que presidí por cuatro años. 

Fui propuesta como candidata para un segundo periodo por más de 100 organismos civiles y miles de ciudadanos. La ley marca un plazo límite para contar con un ombudsman definitivo y éste se venció el 28 de mayo, día de la votación. 

En Jalisco hay 40 diputados, de los cuales 21 son del PAN, 16 del PRI, dos del PRD y una del PVEM. Se requería una mayoría calificada de 27 votos. Reuní 24. Las fracciones de la oposición y cinco diputados de Acción Nacional respaldaron mi candidatura. El candidato más cercano nunca rebasó los siete votos. El Congreso, lejos de encontrar una fórmula parlamentaria de consensos para cumplir con la ley ha propuesto indefinidamente la elección.

Me amparo porque la indefinición me agravia y porque se ha faltado a la legalidad y legitimidad en el proceso, poniendo en riesgo el principio de representación que debe atender al interés general de los ciudadanos. Esto puede sentar un precedente y afectar el futuro de la institución. 

Invoco además en mi defensa, criterios constitucionales y de la SCJN que garantizan la independencia de los órganos del Estado que fijan requisitos para retirar del cargo a sus funcionarios. Según estos criterios, la decisión de no ratificar debe ser precedida de una evaluación objetiva y racional del desempeño, es decir, que debe fundarse y motivarse. 

La autonomía del ombudsman puede verse afectada por agravios similares cuando sus titulares resultan incómodos en el cumplimiento de su deber. En cambio, en condiciones de madurez política, no sólo no resultan incómodos, sino que son bienvenidas sus recomendaciones y sus propuestas educativas. Se les percibe como aliados de la gobernabilidad y de la estabilidad democrática.

En mi caso parece haber una apuesta por el desgaste de quienes participamos activamente para que haya una continuidad en la independencia de la CEDHJ. El amparo es una luz en el horizonte para que se remonten intereses de partido en la casa legislativa de Jalisco y pueda efectuarse una elección con visión de Estado, en defensa de intereses generales.

Ma. Guadalupe Morfín Otero

Precisa el IFE criterios para financiar APN

Señora directora: Debido a que en los últimos días se ha sostenido un intercambio de ideas en torno del financiamiento público de las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), conviene precisar a la opinión pública el procedimiento que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha seguido para determinar esa asignación financiera.

1. El financiamiento público para las APN está asentado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), norma que dispone que se constituirá, para tal fin, un fondo equivalente a 2 por ciento del monto que reciben anualmente los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

2. El mismo Cofipe establece que la repartición de ese fondo se hará de conformidad con el reglamento que emita el Consejo General del IFE, señalando que en ningún caso una APN podrá recibir más de 20 por ciento del total.

3. El reglamento emitido por el Consejo General, vigente de 1997 a 1999, estableció una fórmula de distribución igualitaria de ese fondo entre las APN que contaran con registro en el IFE.

4. No obstante, con la expedición de un nuevo reglamento, aprobado por el Consejo General el 17 de diciembre de 1999, mismo que se aplicó desde el ejercicio del año 2000, se estableció una fórmula de reparto diferente, por la cual 40 por ciento de ese fondo se distribuye de manera igualitaria entre las APN y el restante 60 por ciento se distribuye de manera proporcional para las actividades que cada una de ellas comprobó ante el IFE. Esa es la fórmula que desde hace dos años el IFE viene aplicando para distribuir los recursos que corresponde a las APN. El objetivo de dicha reforma fue estimular a las APN para que concentraran sus esfuerzos particularmente en sus actividades de difusión de la cultura democrática y de investigación de los problemas nacionales. 

5. Con este reglamento se introdujeron también las figuras de "gastos directos" y "gastos indirectos" para distinguir el tipo de erogaciones realizadas por las APN y que sirven de base para calcular los montos que el IFE distribuye de manera proporcional a las APN. Los gastos directos son aquellos egresos que se realizan de manera inmediata para sufragar los costos de actividades específicas de educación y capacitación, investigación o tareas editoriales. Los indirectos son las erogaciones relacionadas con esas actividades en lo general, pero que no se vinculan con alguna de ellas en particular (como gratificaciones a colaboradores, rentas, pagos de agua, energía eléctrica, teléfono, mensajería, mantenimiento de vehículos, que no están directamente relacionados con alguna actividad específica). Además, estos gastos sirven de base para calcular el monto de recursos públicos sólo hasta en un 15 por ciento del total de financiamiento autorizado para la APN de que se trate.

6. En noviembre de 2000 se reformó una vez más el reglamento. Algunas modificaciones menores precisaron el uso de los formatos que debían ser utilizados para reportar al IFE los gastos directos e indirectos. Ello implicó un mayor rigor contable y un manejo administrativo más puntual por parte de las APN.

7. Cabe señalar que, dado que el monto de recursos que este año reciben los partidos políticos para el sostenimiento para sus actividades, se ha incrementado en 47.06 por ciento, respecto del año pasado, por lo que el financiamiento de las APN también aumentó de manera significativa: para 2001, la cantidad implicada es de 44 millones 131 mil 395.36 pesos frente a los 30 millones 9 mil 22.50 pesos que las APN recibieron en su conjunto en 2000.

8. La cantidad que recibió cada una de las APN como financiamiento público para sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política, resultó de una estricta aplicación de la fórmula que desde hace casi dos años fijó el IFE para todas las APN y que fue aplicada previamente en una ocasión, precisamente en el ejercicio 2000.

Es también importante subrayar que antes de cada modificación al reglamento que norma el reparto del financiamiento público de las APN, éstas son escuchadas por la Comisión de Prerrogativas del IFE para recoger sus sugerencias y críticas.

Por último, el reparto por parte del IFE del dinero que por ley corresponde a partidos y agrupaciones políticas siempre se ha hecho con base en un estricto apego en las normas jurídicas que rigen la materia. Total respeto de la legalidad y cero discrecionalidad, esa ha sido en todo momento la idea rectora de las actividades del IFE en la repartición del financiamiento público.

Lic. Víctor Avilés, coordinador nacional de comunicación social del IFE

Se solidarizan con los hermanos Cerezo

Señora directora: Agradecemos la publicación de la presente, dirigida al presidente Fox, Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha:

Miembros de la comunidad universitaria nos manifestamos contra la violación de derechos humanos de los estudiantes Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, detenidos en días pasados.

Condenamos la actitud amarillista que han asumido los "grandes" medios de comunicación al respecto. Parece contradictorio que la CNDH hable de la revisión de los derechos humanos y al mismo tiempo permita que ciudadanos mexicanos sean agredidos en sus garantías.

Repudiamos al enjuiciamiento premeditado y la incomunicación que han sufrido, siendo parte, ésta, de la tortura a la que son sometidos generalmente los presos de carácter político. Como universitarios exigimos se respete la integridad física y psicológica de los detenidos, así como la de familiares y abogados.

Jocelyn A. Pantoja, Iris H. Rodríguez, Aida Saah Servín, Valentina Llorets, Jonathan Maldonado, César López, Christian Tenorio y 258 firmas más