Señora directora: La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) manifestamos nuestra postura ante la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.

Nosotras, como mujeres indígenas, consideramos que dicha ley resulta racista y discriminatoria, ya que no respeta las demandas que le dieron origen y entra en contradicción con instrumentos vigentes como el Convenio 169 de la OIT y las legislaciones estatales. Además, profundiza las causas que la originaron y por consiguientemente no avanza en la búsqueda de la paz para los zapatistas y remarca la sujeción de los pueblos indígenas a las instituciones de poder.

Observamos que el proceso de discusión de la iniciativa de ley no manifestó ninguna voluntad política de parte de los diputados y senadores de algunos estados que para nada tomaron en cuenta las condiciones reales que originaron el conflicto y las condiciones que aún subsisten en nuestros pueblos.

La reciente ley minimiza el significado que para nosotros tienen temas de vital importancia como el derecho al reconocimiento como pueblos, enmarcado en convenios internacionales firmados por México, específicamente el 169 de la OIT.

Expresamos nuestra preocupación por los limitados avances que significa esta iniciativa aprobada porque anula el proceso de organización y negociación que han entablado los pueblos indios, cuya importancia e injerencia se cuantifica con la participación sin precedentes de los actores sociales involucrados y demás sectores igualmente marginados que vieron reflejadas sus demandas en las propuestas enunciadas por los pueblos indígenas.

Seguiremos insistiendo en nuestra postura de ser reconocidos como pueblos, con capacidad plena de autodeterminar y decidir libremente nuestras formas de vida, organización, desarrollo y recursos, así como las tierras y territorios que históricamente hemos ocupado.

Este reconocimiento que exigimos como pueblos no será posible mientras el gobierno siga manteniendo una postura racista y discriminatoria, palpable en las múltiples formas de despojo y exclusión que continúan afectando a nuestros pueblos, manifestadas en condiciones concretas en las mujeres. Así lo expresan las altas tasas de analfabetismo. De igual manera, se observa en el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, donde la anemia es de 40 por ciento para la población femenina indígena, mientras que a escala nacional es de 26 por ciento. Asimismo, 53 por ciento de los niños(as) indígenas padecen anemia en tanto que en el país este porcentaje es de 27 por ciento; las deficiencias de hierro son de 65 por ciento para los niños(as) y para mujeres del 80 por ciento.

Estas condiciones, propias de la pobreza y marginación, dan como resultado niños prematuros y con bajo peso y con reservas corporales de micronutrientes insuficientes.

Por lo demás, consideramos que la legislación en esta materia será insuficiente en sí misma si no se acompaña de políticas públicas que salden la deuda histórica de la sociedad mexicana con los pueblos indígenas y en especial con las mujeres, para que podamos vivir con nuestros hijos(as) en mejores condiciones y no se nos perciba como víctimas en estado de subordinación.

Hoy, nosotras, mujeres indígenas, reclamamos el derecho a tener voz, tierra, salud y pugnamos por el reconocimiento de la autonomía, por el respeto a nuestra cosmovisión y por una legislación cuya dualidad se materialice en la incorporación y reconocimiento de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

Clara Palma, náhuatl (Veracruz), Hermelinda Tiburcio, mixteca (Guerrero), Blanca E. Torres, purépecha (Michoacán), Erika Poblano, tlapaneca (Guerrero), Martha Sánchez, amuzga (Guerrero), Ernestina Ortíz, mazahua (México), Ma. Elena Mejía, náhuatl (Morelos), Marilú Téllez, purépecha (Michoacán), Tomasa Sandoval, purépecha (Michoacán), Zoila José Juan, mixe (Oaxaca), Domitila Rosendo, náhuatl (Guerrero), Cándida Jiménez, mixe (Oaxaca)

Demandan libertad para presos involucrados en explosiones

Señora directora: Por este medio, los 334 abajo firmantes, miembros del Comité del Sur de Solidaridad con los Presos Políticos (CSSPP), agradeceríamos transmita nuestra fraternal solidaridad con los compañeros presos por sus actividades intelectuales y políticas, en especial a los detenidos por participar, presuntamente, en los incidentes en sucursales de Banamex.

Obviamente, esto es una cacería de brujas que nada tiene que ver con los petardos en dicha sucursales. No es de extrañarse la saña con la que son sometidos estos compañeros de lucha ni la violencia y tortura que valientemente han denunciado después de su anticonstitucional e ilegal incomunicación.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones civiles y políticas del país para hacer público nuestro rechazo a estas prácticas de zozobra y cacería de brujas por parte del gobierno de Fox. ¡Libertad inmediata a los presos políticos!

Por el CSSPP, Enrique Valdez Castillo

Denuncia agresión a integrante del CNI

Señora directora: La escalada de represión política contra luchadores sociales se ha agudizado. Un ejemplo concreto es la represión sufrida por el compañero Juan Anzaldo, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y director de la revista cultural Ce-Acatl, consistente en dos robos, uno en su casa y otro en su camioneta.

Como es conocido, la sociedad civil se organizó para protestar contra de la aprobación de la ley Cevallos-Bartlett-Ortega por parte del Congreso de la Unión. Es en este marco en que se dieron las agresiones contra el compañero Anzaldo Meneses.

Además, en las oficinas del CNI ha recibido amenazas telefónicas desde hace varias semanas con la música de El Golpe, método de intimidación que impulsó el gobierno de Zedillo y que continúa con el de Fox. Asimismo, el sábado 11 de agosto sufrió el robo de documentos y la madrugada del martes 14 su camioneta fue objeto de un cristalazo para un disquete informativo y una videocámara.

Por estas razones, protestamos enérgicamente y hacemos responsable al gobierno federal de éstos y otros futuros atentados que pudieran realizarse.

Bertha Zapata Vela, Jaime Ortiz Robles, Rebeca Apolinar (Casa Ciudadana), Ma. Luisa Moncayo (Grupo Lago Mayor), Marino Mejía, Armando Quiroz Alezandre, Concepción Hernández, Méndez, Pedro Padrón, Rocío Eslava Castillo, Nuria Fernández, Martín González Fajardo y varias firmas más

Cuotas excesivas en escuela primaria

Señora directora: Por este conducto deseo denunciar una situación irregular y hasta delictiva que ocurre en la escuela primaria federal 22-1244-189-25-X-028 "Artemio del Valle Arizpe", delegación Venustiano Carranza, dirigida por el señor Miguel Angel Barragán. Los hechos son los siguientes:

1. Cobro de una cuota de 60 pesos, supuestamente voluntaria, al inicio del año lectivo.

2. Cobro de otra de 380 pesos, esta sí obligatoria, por clases de computación y natación.

3. Venta de pants, como uniforme, para las clases de natación (200 pesos).

Para el cobro de las cuotas mencionadas, el director nos proporciona recibos de depósito de Bancomer ya llenados a su nombre con el número decuenta 57403610 con referencia 630013.

En particular, tengo dos hijos estudiando en ese colegio, estoy separada de mi esposo, no tengo pensión alimenticia y soy desempleada, por lo que me he negado a pagar las cuotas, lo cual trajo como consecuencia que se negara la inscripción de uno de mis hijos para el próximo ciclo escolar (la otra ya pasó a la secundaria) a pesar de que su promedio es de 9.6.

Deseo hacer pública esta situación anómala que perjudica el desarrollo académico y la economía familiar de cientos de niños que se preparan en instituciones estatales que, según el artículo 3º de la Constitución, deberían ser gratuitas.

Grey V. Morato Ocampo