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México, D.F. lunes 13 de agosto de 2001
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Editorial
 

INCUMPLIMIENTOS EN LA CDHDF

SOLNo existe sustento jurídico alguno que avale la exclusión del pago de impuestos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Esta fue la respuesta de las autoridades del gobierno capitalino y la Comisión de Programación y Cuenta Pública de la Asamblea de Representantes, a las vagas e imprecisas excusas que el organismo encabezado por Luis de la Barreda ha ofrecido por haber incumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos.

El caso es particularmente delicado y penoso por tratarse de una comisión defensora de los derechos humanos, cuya legitimidad debería estar sustentada, precisamente, en la calidad moral de sus integrantes. Que un organismo autónomo --indispensable para la sociedad-- como la CDHDF no pague impuestos es un hecho que de inmediato pone en tela de juicio la autoridad moral de su presidente. ¿En qué papel queda un ombudsman que conscientemente incumplió con una obligación legal?

La CDHDF pretende justificar la omisión bajo el argumento de que en los sueldos netos de su personal ya estaba incluida la deducción del impuesto sobre la renta, aún a sabiendas de que su propio manual de programación-presupuestación indica que el pago de dicho impuesto deberá ser considerado por separado. 

Es necesario, y porque la sociedad así lo merece, que la CDHDF ofrezca un explicación convincente y rinda cuentas claras, porque hasta el momento sólo hemos recibido respuestas gambeteras y contradictorias que nomás no encajan con lo establecido por la ley. 

Al margen de lo cuestionable que pueda resultar su actuación como organismo defensor de los derechos de los ciudadanos, es también necesario que las autoridades competentes lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias y, en caso de probarse la existencia de un delito, que se apliquen las sanciones correspondientes. 

Como bien se advierte en la columna Ciudad Perdida del día de hoy: "Si la impunidad campea en este caso, lo más probable es que otras instituciones como el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral, también organismos autónomos, sean arrastrados por la imagen que ha construido De la Barreda y que la percepción de la gente sea contraria a la existencia de los mismos".

Este tipo de organismos autónomos deben su origen a las exigencias sociales, son pues, un indudable logro de la participación ciudadana, de la democracia. Por ello tienen un compromiso con la sociedad que, en el ámbito moral, rebasa al de cualquier órgano superior del Estado. 

El pago de impuestos es una obligación legal, pero para una comisión encargada de defender los derechos humanos significa, además, una doble responsabilidad social: la que la legitima ante los ciudadanos y la que justifica su propia existencia.
 

 

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