Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que, en la práctica, haría imposible el ingreso de camiones de carga mexicanos a aquel territorio. El mes antepasado la Cámara de Representantes estableció reglas incluso más severas contra los transportistas procedentes del sur del Río Bravo. 

Las disposiciones de "seguridad" impuestas constituyen una nueva modalidad del proteccionismo encubierto, como han sido en el pasado los alegatos de supuesto contenido ecologista --en el caso del veto al atún mexicano--, los falaces argumentos antidumping empleados para detener la entrada al mercado estadunidense de acero y cemento, y los pretextos fitosanitarios en contra del tomate y el aguacate de importación. 

El veto a los camiones mexicanos de carga es la expresión más evidente e injustificable de intereses proteccionistas y el caso más flagrante de violación a lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por nuestro país, Estados Unidos y Canadá, hace casi ocho años. 

Los transportistas de la nación vecina han logrado que las autoridades de su país posterguen por años, de manera unilateral, la apertura de fronteras en el sector, pese a los fallos en su contra en el panel de solución de controversias, sin que el gobierno mexicano reaccione de manera alguna en defensa de los empresarios nacionales del ramo. 

Así, en este diferendo no sólo se manifiesta con particular crudeza el doble rasero de los poderes políticos y económicos estadunidenses --los cuales pugnan por una completa e incondicional apertura de los mercados mexicanos y por una preservación de sus propias barreras comerciales, disfrazadas de regulaciones de seguridad, ecología o protección sanitaria--, sino también la desoladora inacción de las autoridades mexicanas en la materia durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Frente a este juego perverso y desleal resulta plenamente justificada la petición formulada ayer mismo por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión --con el respaldo unánime de las fracciones partidistas ahí representadas-- al presidente Vicente Fox para que impida el ingreso de camiones de carga estadunidenses a territorio nacional. 

No hay motivo para un respeto unilateral a un instrumento internacional que nuestro socio comercial aplica de manera discrecional y a su conveniencia, y no tiene sentido esperar a que el presidente George W. Bush decida si veta o no las disposiciones parlamentarias de Washington contra los transportistas mexicanos. 

Finalmente, el asunto del transporte de carga es un indicador de los límites y defectos del TLC, en la medida en que los paneles de controversias carecen, en la práctica, de cualquier poder para hacer respetar sus fallos.