El miércoles pasado los legisladores panistas y priístas que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comandados por Diego Fernández de Cevallos y Manuel Bartlett, consumaron la aprobación final de las reformas constitucionales que ellos mismos urdieron en marzo. 

Lo hicieron en contravención de formalidades y regulaciones parlamentarias elementales, de manera apresurada y furtiva, como se desarrollan los actos delictivos y los amoríos inconfesables.

La razón de la prisa y la oscuridad es evidente: los promotores de esta modificación constitucional distorsionada e insensible sabían perfectamente que el rechazo a su iniciativa se extiende con rapidez en la sociedad y que mientras más tiempo pasara, más claro se haría que la "ley indígena" no sólo plasma una visión encomendera, sino que expresa los intereses políticos y económicos del caciquismo y de la depredación de las comunidades. 

Los jerarcas legislativos de PRI y PAN, entre quienes es difícil encontrar más afinidades ideológicas que su manifiesto y virulento antifoxismo, optaron así por no esperar a que la totalidad de los legislativos estatales se hubiera manifestado al respecto y se encerraron a cocinar, a espaldas de la sociedad y del propio Congreso de la Unión, la legalización final de las reformas.

No cabe llamarse a sorpresa por las consecuencias que ya está acarreando en el país esta operación legislativa que desvirtúa los acuerdos de San Andrés, que evidencia el desprecio criollo hacia las comunidades indígenas y que torpedea los esfuerzos de paz de la Cocopa, de la dirigencia de los indígenas rebeldes chiapanecos y del presidente Vicente Fox. 

Desde que el engendro de reformas constitucionales fue inicialmente aprobado por el Congreso de la Unión, hace cuatro meses, se señaló que no habría de contribuir de manera alguna a la pacificación de Chiapas, que no serviría para cerrar la brecha histórica entre los indígenas mexicanos y el resto del país y que, por el contrario, habría de convertirse en nuevo factor de división.

Esa división ya se ha manifestado: gobernadores, congresos estatales, municipios, organizaciones y partidos han anunciado su determinación de promover controversias constitucionales y recursos de inconstitucionalidad. En las filas de PRI y PAN han aflorado las diferencias. Incluso en el interior de la administración pública se ha hecho patente la falta de consenso a favor o en contra del engendro de "ley indígena". 

Si el propósito real de Bartlett, Fernández de Cevallos y sus subordinados era descomponerle al Presidente de la República el escenario nacional, no cabe duda que lo consiguieron. Si apostaban a cerrar las vías de la pacificación en Chiapas, su maniobra fue todo un éxito. Si su pretensión era perpetuar la desigualdad, la marginación y la opresión de los indígenas, ya pueden felicitarse.

Los sectores --gubernamentales, de oposición, de la sociedad-- empeñados en procurar la paz en Chiapas y la integración digna y equitativa de los indígenas a la institucionalidad nacional deben, por su parte, acudir a todas las gestiones jurídicas que procedan y a todas las movilizaciones pacíficas y legales que sea posible para invalidar la reforma constitucional recién aprobada y lograr que los acuerdos de San Andrés sean efectivamente incorporados a la Carta Magna.