Señora directora: El domingo, día de visita en la prisión Neza-bordo, conocí al general José Francisco Gallardo, preso desde hace más de siete años por defender sus derechos dentro del Ejército Mexicano.

Me emocionó conocer a un hombre que, después de un encierro tan escandalosamente injustificado, mantiene una entereza y una alegría que sólo se explican por la solidaridad de sus cuatro hijos, su esposa Lety y la absoluta convicción en su causa.

Desde 1996 existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se pide al gobierno mexicano que el general sea liberado y su caso investigado por violaciones a los derechos humanos.

Desde entonces sabíamos que mientras el PRI no cayera, el general seguiría preso.

Hace más de seis meses que esperamos que Vicente Fox acate esta recomendación; sin embargo, no hay señales de ello.

Mientras el general Gallardo y todos los demás presos políticos en México no sean liberados, no tenemos justificación alguna para hablar de un proceso democrático. El voto del 2 de julio del año pasado será traicionado por Fox si esto no ocurre.

Los meses pasan y cada día es más claro que el cambio es únicamente para acelerar nuestra integración al neoliberalismo. Los horrores del pasado no han sido ni siquiera mencionados por el nuevo gobierno. Los criminales de la era priísta duermen en paz; la impunidad continúa intacta.

El general Gallardo es una herida abierta en todos los mexicanos. Nadie podrá regresarle ocho años de su vida. A menos que se le regrese a la sociedad mexicana un poco de honor y de justicia liberando al general Gallardo y a todos los presos de conciencia en este país.

Ana Colchero

Niega desalojo violentode normalistas en Chiapas

Señora directora: Me dirijo a usted para precisar la información publicada por su diario respecto al desalojo de estudiantes normalistas que mantuvieron por varias horas retenidos a niños, mujeres y hombres en el Palacio de Gobierno de Chiapas la tarde del martes y madrugada del miércoles pasados.

1. Negamos rotundamente que el desalojo de los normalistas haya sido de forma violenta. El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Femenil de Seguridad Pública. Ningún elemento policiaco portaba armas de fuego. Es falso que se hayan utilizado gases lacrimógenos en contra de los manifestantes.

2. Tampoco es cierto que como resultado del desalojo varios estudiantes hayan sido golpeados. En el operativo no se registró ningún acto de violencia ni abuso en contra de los normalistas, la mejor prueba es que los inconformes no han presentado a ninguno de los supuestos golpeados y agredidos. Al lugar de los hechos acudieron socorristas de la Cruz Roja y constataron que ninguna persona ameritaba atención médica. Los estudiantes se "portaron de manera agresiva", por lo que la ambulancia 252 regresó a la base, indica un reporte de la benemérita institución.

3. El operativo de desalojo se realizó para rescatar a las mujeres, hombres y niños que permanecían secuestrados por los estudiantes normalistas, quienes cerraron las entradas de Palacio de Gobierno con cadenas.

4. En todo momento las autoridades estatales ofrecieron a los inconformes dialogar, pero en una actitud retadora los normalistas intensificaron el bloqueo, privando de su libertad a las personas que se encontraban en el interior de palacio de gobierno, y en cumplimiento a la ley se actuó en consecuencia. Cabe recordar que era la segunda vez que los normalistas bloqueaban la entrada del inmueble.

5. Los medios electrónicos han transmitido videos de la acción y han comprobado nuestras afirmaciones. Se demuestra allí que la policía, desarmada, avanzó y los estudiantes se replegaron. Tenemos todas las pruebas documentales que demuestran que el desalojo fue pacífico y que ponemos a su disposición.

6. El gobierno de Chiapas es respetuoso del derecho a la libertad de manifestación, siempre y cuando no afecten los derechos de terceras personas.

7. La actual administración, producto de la voluntad popular, mantiene abiertas las puertas del diálogo, y deja claro que no actuará bajo presiones, mucho menos si se toman de rehenes a ciudadanos que no tienen que ver con el gobierno o con los manifestantes.

Gabriel Gutiérrez Avila, subsecretario general de Gobierno

Respuesta de la corresponsal

Señora directora: En la nota en cuestión se indica claramente que los voceros estudiantiles Jorge Rodríguez Pérez y Juan Carlos Pérez Madrigal son quienes aseveraron que el desalojo fue realizado con violencia. La misma nota también da cuenta de lo declarado por las autoridades. Yo me limité a recabar la información de las partes.

Angeles Mariscal

Reclama que el ISSSTE le haga justicia

Señora directora: Solicito la publicación de la presente, dirigida al C. Benjamín González Roaro, director general del ISSSTE.

A más de siete años de haber sido injustamente despedida del ISSSTE por el entonces subdirector médico, doctor Javier Castellanos Coutiño, durante la gestión de Manuel Aguilera Gómez, expongo a usted mi vía crucis, provocado tanto por una grave cardiopatía, como por hombres supuestamente a cargo del bienestar de los mexicanos.

En mayo de 1995, después de una amenaza de infarto, fui internada varios días en el hospital 20 de Noviembre y, a pesar de que entregué mis incapacidades médicas, me descontaron los días que estuve hospitalizada. Con ese mismo pretexto, en julio del 94, el doctor Humberto Galicia, jefe de Enseñanza (y actual director de la Escuela de Medicina West-Hill), y el doctor Luis Padilla Sánchez, subdirector de Enseñanza y actual subdirector médico del ISSSTE, me levantaron un acta administrativa por "abandono de empleo" y me despidieron.

Por tal motivo, a partir del 1º de septiembre del 95 se me negó el acceso al edificio de la Subdirección Médica, en avenida San Fernando número 547, por lo cual acudí a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para querellarme por mi despido injustificado.

Ante el agravamiento de mi enfermedad, el 4 de diciembre fui sometida a una cirugía de corazón abierto para implantarme un by-pass, pero aun así seguí acudiendo a Conciliación, con un defensor de oficio, para luchar por mis derechos.

Después de 3 años desempleada y en grave estado de salud, en julio de 1998 la Junta se declaró incompetente para "conocer" mi demanda, y me mandaron a unas oficinas de Doctor Vértiz, donde me entregaron un laudo que ordenaba mi reinstalación en el ISSSTE, y se le ordenaba al instituto pagarme salarios devengados.

Ante esto, el ISSSTE, entonces a cargo de Socorro Díaz Palacios, se amparó para no pagarme, y cuando acudí nuevamente a la Junta de Conciliación, me informaron que mi expediente "se había extraviado", pero me pidieron un listado con los incrementos de salario habidos hasta esas fechas y que, en justicia, me debían ser reintegrados.

Tras años de gestiones y ante la actitud de la Junta, que da largas a mi asunto, me vi obligada a contratar a un abogado, quien me lleva el caso por un porcentaje del 50 por ciento. Así, en cuanto fuimos a la sala 14 de Conciliación, mi abogado solicitó un amparo contra la Junta y el ISSSTE, pero de inmediato nos dijeron que ya "habían encontrado" mi expediente.

Durante siete años de injusticias en mi contra, el ISSSTE hizo todo lo ilegal e inmoral para no pagarme.

Hoy apelo a usted para ver si este nuevo gobierno revierte las medidas gangsteriles que aplicaron en mi contra el actual director de trasplantes de la Secretaría de Salud, Castellanos Coutiño, y otros funcionarios priístas hoy sospechosamente encumbrados en el ISSSTE. En espera de una pronta respuesta.

Socorro Herrera Ponce, empleada del ISSSTE número 114685. Expediente 1456/97