En el contexto del nuevo empantanamiento del conflicto chiapaneco, ayer tuvieron lugar hechos significativos relacionados con esta dolorosa y pendiente asignatura de la transición nacional. Por una parte, los legislativos estatales de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí rechazaron las reformas constitucionales en materia de derecho y cultura indígenas que fueron aprobadas hace unos meses por el Congreso de la Unión; por la otra, el comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, fijó una nueva actitud oficial --dura e intransigente-- ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

El primero de esos hechos permite abrigar esperanzas de que lo aprobado por los legisladores federales sea mayoritariamente rechazado por los congresos estatales, regrese al Legislativo federal y se abra, de esa manera, un margen para la necesaria "reforma de la reforma", es decir, para restituir al actual engendro de ley indígena el espíritu original de los acuerdos de San Andrés. 

Ello es necesario no sólo para que la modificación constitucional se convierta en un factor de paz y distensión entre las comunidades indígenas chiapanecas y el gobierno federal, sino también para reformular la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y que padecen, desde la Conquista, falta de reconocimiento, discriminación, racismo, marginación y opresión. 

De las 32 entidades federativas, 21 votaron ya la reforma mencionada; 12 la aprobaron y 9 la rechazaron; significativamente, las entidades con mayor población indígena, como las cuatro mencionadas arriba, la han encontrado inaceptable. Cabe esperar que en los 11 congresos estatales que aún no la examinan prevalezca el sentido común, se rechace la modificación constitucional y se logre, con ello, abrir un nuevo tiempo y un nuevo espacio para que el Congreso de la Unión subsane las mutilaciones y adulteraciones sufridas por el proyecto de ley de la Cocopa. 

En cuanto a las declaraciones formuladas ayer por Luis H. Alvarez, destaca, además de su inopinada beligerancia antizapatista, una ominosa y errática exhortación a la Cocopa a que revise el marco legal del conflicto; esto es, cabe interpretar, la Ley de Concordia y Pacificación de 1995, y de ser así, resulta por demás extraño que el comisionado gubernamental para la paz, que en el pasado reciente se desempeñó como miembro destacado de la propia Cocopa, desconozca o pretenda desconocer que no es atribución de esa comisión legislativa revisar la legislación mencionada, la cual representa, hoy por hoy, y en ausencia de contactos regulares entre el gobierno y los rebeldes, el único factor institucional de preservación de una paz frágil. 

Habida cuenta de la innegable y digna trayectoria de Alvarez como coadyuvante en gestiones de pacificación, sería deseable y reconfortante que las expresiones del comisionado fueran seguidas de una oportuna aclaración de intenciones o, en su caso, de una rectificación. Porque lo peor que podría hacer el Ejecutivo federal en el momento presente sería adoptar, ante el irresuelto conflicto chiapaneco, una línea dura como la que pareciera prefigurar en el discurso de ayer de Luis H. Alvarez.