La detención del ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, ocurrida antenoche en Caracas, y anunciada ayer por el presidente venezolano, Hugo Chávez, constituye un hito importante en el necesario ajuste de cuentas que Perú debe efectuar con su pasado político inmediato y con el régimen corrupto, delictivo y autoritario que encabezó Alberto Fujimori a lo largo de toda la década pasada.

Aunque desde la fuga del ex presidente a Tokio, en noviembre de 2000, la sociedad peruana ha asistido con asombro a diversas y escandalosas revelaciones que confirman el carácter mafioso y criminal del fujimorato, es todavía mucho lo que queda por esclarecer, y en este sentido resulta de crucial importancia que Montesinos rinda testimonio judicial. Habida cuenta del extremado pragmatismo y de la total ausencia de escrúpulos del detenido, es por demás probable que éste no tenga empacho en incriminar a sus compañeros de fechorías, empezando por el propio Fujimori. Ello colocará a las autoridades de procuración e impartición de justicia en posibilidad de enfrentar la extendida telaraña de complicidades en las numerosas actividades delictivas perpetradas por y desde la cúpula del poder político peruano: desde actos mayores y menores de corrupción y desvío de fondos hasta tráfico de armas, connivencias con el narcotráfico internacional y torturas y asesinatos de un número indeterminado de individuos.

El siguiente paso en esta tarea de esclarecimiento es, necesariamente, la petición de extradición del propio Fujimori, a quien el gobierno japonés parece empeñado en proteger y encubrir pese a los sólidos indicios de su participación en delitos imprescriptibles de lesa humanidad. Ese episodio permitirá a la opinión pública internacional determinar sin ambigüedad posible si las autoridades de Tokio están realmente comprometidas con la promoción de la democracia, de los derechos humanos y de la legalidad internacional, o si son capaces de escamotear a la acción de la justicia a un presunto criminal por el simple hecho de que éste posea la nacionalidad japonesa.

Finalmente, el caso de Montesinos constituye un recordatorio sobre los riesgos siempre presentes de que en las instituciones gubernamentales latinoamericanas florezcan los asesores, consejeros o favoritos presidenciales, esa especie de rasputines locales a la que pertenecen el argentino López Rega, el hispano-franco-mexicano Córdoba Montoya, el propio Montesinos y tantos otros, y cuya presencia en las sombras y fuera de toda posible fiscalización se traduce, invariablemente, en una distorsión del mandato y de las funciones presidenciales.