Negar amparo a Echevarría daña al Poder
Judicial, opinan
Señora directora: Le rogamos publicar esta
carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), ministro Genaro David Góngora Pimentel:
El día 21 de junio, el juez décimo de distrito
en materia administrativa, Humberto Suárez Camacho, resolvió
negar el amparo promovido por Alejandro Echevarría en contra de
su expulsión de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Esta sentencia nos afecta y agravia profundamente a Alejandro,
a nosotros como sus abogados, a sus compañeros, a todos los que
defienden la educación pública y gratuita, a los que nos
oponemos a los actos arbitrarios y caprichosos de autoridades de cualquier
nivel, pero también daña al propio Poder Judicial de la Federación,
pues lo pone en evidencia y denota una creciente subordinación a
las autoridades y de la clase gobernante.
A este respecto, es muy sintomático que el juez,
una vez que abrió la audiencia, empezó diciendo: "les quiero
decir que yo no he recibido llamadas de nadie, que no he recibido presiones,
ni le hice caso a nadie y resolví solo".
Dice el refrán: "aclaración no pedida, acusación
manifiesta".
Esta resolución carece de sustento jurídico
y la vamos a impugnar, pues de la simple lectura se advierte que se trata
más bien de un trabajo escolar de investigación que de una
sentencia de amparo.
Habla de la historia de la UNAM y las reformas que ha
sufrido el artículo 3º constitucional, transcribiendo, incluso,
las intervenciones de los diputados Genovevo Figueroa Zamudio, Pablo Gómez
Alvarez, Fernando Ortiz Arana y Carlos Sánchez Cárdenas en
la reforma de 1980, con lo cual pretende justificar la existencia del inconstitucional
Tribunal Universitario, llegando al extremo de afirmar que "es irrelevante
que el Tribunal Universitario no esté contemplado en la Constitución",
pues por su autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de
México puede crear sus propios "órganos de justicia".
Ministro Góngora: confiamos en que las instancias
superiores del Poder Judicial estén por encima de los intereses
de la burocracia universitaria y resuelvan con criterio jurídico
y no por consigna.
Atentamente:
Bárbara Zamora y Santos García
Condenan violencia contra la organización Sin
Fronteras
Señora directora: A través de este
espacio queremos externar nuestra condena por los hechos ocurridos recientemente
en las oficinas de Sin Fronteras.
Consideramos que estos actos son claras muestras de intolerancia.
En estos momentos en que diversas instancias reconocen
la labor y el aporte de las organizaciones sociales y civiles, estimamos
que situaciones como éstas atentan y ensombrecen el ambiente de
tranquilidad que requiere nuestro país para un verdadero avance
democrático.
Sin Fronteras IAP es una organización cuyo trabajo
se ha destacado, por lo que nos solidarizamos con su trabajo en busca del
mejoramiento de diversos sectores de la sociedad. Hacemos un llamado a
las autoridades correspondientes para que se investigue y se aclare el
robo del que fue objeto.
De manera particular, solicitamos a la Secretaría
de Gobernación (SG), Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) su
eficaz intervención para que el procedimiento jurídico se
conduzca de manera cabal y se castigue a quienes resulten responsables.
Asimismo, pedimos a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) que realice las acciones pertinentes para garantizar la
seguridad e integridad de los miembros de la organización Sin Fronteras
IAP y de sus beneficiarios.
Atentamente:
Mario Alberto Rivera Contreras, secretario ejecutivo
del Movimiento Ciudadano por la Democracia
González Ruiz rebate argumentos contra comisión
de la verdad
Señora directora: Dice el director de Derecho
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, José
Ramón Cossío, que no es conveniente crear en México
una comisión de la verdad porque sería un "parche" en el
sistema jurídico. Afirmó que organismos de este tipo sólo
hacen condenas generales, que no permiten individualizar los delitos. Puso
como ejemplo los casos de Augusto Pinochet y Carlos Saúl Menem,
cuyo enjuiciamiento --dijo-- "se debió a que se individualizaron
las denuncias en su contra, lo que permitió proceder legalmente
contra ellos" (La Jornada, 20/06/01).
Discrepamos de la opinión del licenciado Cossío,
porque en materia de violaciones graves a los derechos humanos no se trata
simplemente de que los órganos establecidos tengan voluntad de hacer
lo que deben hacer. Hay detrás una historia de dolor y sufrimiento
de miles de personas que no se resuelve con acciones formales.
Los familiares de las víctimas de desaparición
forzada y otros delitos de extrema gravedad, cometidos al amparo del poder
priísta, no andan buscando el favor de las autoridades. Reclaman
simple y llanamente que se aclare un periodo de la vida nacional en el
que se perpetraron atrocidades contra los seres humanos, mismas que luego
se quisieron enterrar mediante la acción de comisiones gubernamentales
de derechos humanos.
Está por demás decir que no confían
en las instituciones, por el solo hecho de que están conformadas
por los mismos personajes de siempre. En la misma nota se registra una
declaración de Diego Valadés, quien fuera funcionario salinista
y ahora dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que sin la mínima
autoridad moral opina sobre el tema. ¿Cómo creer que las
cosas son ahora distintas?
Una comisión de la verdad tendría que ser
ciudadana, independiente y con autoridad para coadyuvar con el Ministerio
Público en la indagación de los grandes crímenes del
priísmo. Tendría que integrarse, no con burócratas,
sino a propuesta de los organismos de familiares y en general de derechos
humanos. Sólo así sería útil para el fin buscado.
En cuanto a sus condenas, el licenciado Cossío
no debe preocuparse: hay mecanismos legales para individualizar las responsabilidades,
además de que el carácter público de sus trabajos
presionará a las autoridades para que actúen en consecuencia.
Lo que menos se quiere es el borrón y cuenta nueva.
La demanda es de justicia.
Atentamente:
José Enrique González Ruiz
Critica nombramiento de directora en la ENEP Aragón
Señora directora: La semana pasada la Junta
de Gobierno de la UNAM designó como directora de la ENEP Aragón
a la arquitecta Lilia Turcott González, funcionaria del sector central
y colaboradora del doctor José Narro, coordinador de la Reforma
Universitaria.
Una vez más, su decisión demuestra que no
quisieron o no supieron escuchar a la comunidad aragonesa y que su principal
preocupación es legitimar su proyecto en el próximo Congreso
Universitario.
Se hizo patente que algunos de los miembros de la Junta
de Gobierno nunca han puesto un pie en la ENEP Aragón y que no les
importó el espíritu universitario expresado dentro de los
marcos institucionales, como el publicado en la página 44 de La
Jornada el pasado 11 de junio y avalado por mil 452 universitarios
que manifestaron el interés por preservar nuestros los valores y
principios basados en la transparencia, la pluralidad y la autonomía
universitaria.
Su decisión nos hace recordar las formas de gobierno
que se utilizaban en la Colonia y reitera su profundo desprecio hacia nuestra
escuela.
Anticipadamente le agradecemos su atención y le
manifestamos nuestro reconocimiento como una persona de alta calidad profesional.
Atentamente
Eliseo Ortega León, alumno de la ENEP Aragón,
y 200 firmas más
Recordarán la masacre de Aguas Blancas
Señora directora: La Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), los familiares y sobrevivientes
de la masacre de Aguas Blancas, hacemos una cordial invitación a
las organizaciones sociales, ONG y a la sociedad civil en general para
que nos acompañen a las siguientes actividades.
1. 27 de junio. Acto cultural a partir de las 18 horas
en el Zócalo de la ciudad de la México.
2. Mismo día. Salida de la caravana Mártires
de Aguas Blancas a las 22 horas del Zócalo de la ciudad de México
a Coyuca de Benítez, Guerrero.
3. 28 de junio. Marcha de Aguas Blancas al vado en punto
de las 8 horas y conmemoración política luctuosa del sexto
aniversario en honor a los caídos.
Para mayores informes y acreditación comunicarse
al teléfono y fax: 55 26 31 92 o en Belisario Domínguez No.
32, Col. Centro.
Atentamente:
Organización Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS): Hilario Mesino, fundador; Marino Sánchez Flores, sobreviviente
y fundador
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