Ayer, los gobernadores de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, y del estado de México, Arturo Montiel, fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para que expongan sus correspondientes razones y proyectos de cara a la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México. También, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, deberá acudir en fecha próxima ante esa comisión a fin de presentar los estudios de impacto ambiental y mecánica de suelos. 

La decisión, que parece inminente, sobre la ubicación del nuevo aeropuerto entre Tizayuca, Hidalgo, y Texcoco, estado de México, ha generado una intensa competencia entre las autoridades, las clases políticas y los grupos empresariales de esas dos entidades. Hidalguenses y mexiquenses han visto con claridad el enorme impulso económico que la proyectada terminal aérea imprimirá a la región en la que sea construida, y ambos desean ser beneficiarios de la determinación. 

Ambos mandatarios estatales han lanzado sendas campañas publicitarias y de cabildeo para persuadir al Ejecutivo federal de las bondades de construir la terminal aérea en sus respectivas entidades. De esa manera, tanto Núnez Soto como Montiel realizan su tarea, y de ello, lo único cuestionable sería el alto costo de tales campañas. 

El Ejecutivo federal, por su parte, tiene la responsabilidad de tomar la decisión sin dejarse influir por las presiones procedentes de Pachuca y de Toluca, y atendiendo únicamente los requerimientos estratégicos del país y su desarrollo a largo plazo, las consecuencias ambientales y las consideraciones sobre el impacto urbano de ambos proyectos. 

En las décadas por venir, el presente gobierno será recordado, en buena medida, por la buena o mala decisión que tome al respecto, porque la localización del nuevo aeropuerto será crucial para el futuro de la industria, los servicios, el comercio, el turismo, la ecología y la calidad de vida del centro de la República. 

En materia de transporte aéreo, el actual gobierno tiene en sus manos, además, otra determinación de importantes consecuencias: la venta de las líneas aéreas nacionales, Aeroméxico y Mexicana, ambas controladas por el consorcio Cintra. En este delicado terreno sería conveniente que el presidente Vicente Fox viera el futuro de la aeronáutica civil mexicana en el espejo de la trágica situación que enfrenta Argentina, país que está a punto de perder su línea aérea nacional tras una privatización desastrosa y posiblemente corrupta.