Señora directora: En referencia a la nota publicada por Mireya Cuellar el 20 de junio del presente en la página 17 de La Jornada, y con apego al derecho que me otorga la Constitución Política Mexicana, expongo:

Que en el año 1992 el Instituto Federal Electoral compró a la empresa IBM 44 equipos digitalizadores a un precio de 120 mil dólares cada uno. Que en el año 1996 mi empresa fabricó especialmente para el IFE 14 equipos digitalizadores, mismos que suministré a un precio de 15 mil dólares cada uno.

Que desde el año 1996 y hasta el año 2000 mi empresa ha realizado el mantenimiento a los equipos digitalizadores del IFE sin incurrir en faltas administrativas, salvo algunas sanciones por demora en la atención. Demoras que el propio Instituto Federal Electoral me atribuyó por el calendario especificado para la atención de sus equipos digitalizadores y a sus solicitudes de mantenimiento, y que repercutían en días de atraso por periodos mensuales sin tomar en cuenta la vigencia del contrato.

Que como marca la Ley de Adquisiciones, hemos sido sujetos en diferentes ocasiones a auditorias realizadas por el IFE. Que en el año 2001, mi empresa fue demandada penalmente por el IFE bajo el argumento de no haber otorgado los servicios de mantenimiento a sus equipos digitalizadores derivados del contrato de 1999, demanda que la PGR ha mandado a reserva por falta de pruebas.

Que hasta esta fecha el IFE me adeuda la última mensualidad del contrato de servicio de mantenimiento a sus equipos digitalizadores del año 2000.

Que todos los contratos otorgados por el IFE a mi empresa han sido resultado de previas licitaciones públicas donde ha participado personal técnico del Registro Federal Electoral y personal jurídico y administrativo del IFE, lo cual manifiesta claridad al resultado de dichas licitaciones.

Que es imposible no haber realizado los servicios de mantenimiento a sus equipos digitalizadores ya que en los 17 Centros de Cómputo Regionales que dependen del Registro Federal Electoral se firmaron los reportes de servicio a entera satisfacción.

Que en caso de no haber realizado los servicios de mantenimiento a sus equipos digitalizadores, inmediatamente hubiéramos sido sujetos de sanciones por demora, ya que siempre se ha llevado un estricto control por parte de la Dirección de Soporte Técnico.

Estoy dispuesto a que se realice nuevamente a mi empresa otra auditoría por parte de cualquier instancia para demostrar que los servicios de mantenimiento a los equipos digitalizadores fueron realizados conforme a los diferentes contratos con el IFE ya que tengo en mi poder los elementos suficientes para probarlo.

Oscar Rossbach V., director general de Niveles SA de CV

"Ilegal", el decreto expropiatorio a favor de Tv Azteca: abogados

Señora directora: Con relación al decreto expropiatorio de tierras ejidales para favorecer los intereses de Tv Azteca, SA de CV, manifestamos lo siguiente:

1.- Es ilegal este decreto, pues para que proceda una expropiación se debe demostrar la "causa de utilidad pública". El caso que nos ocupa no se encuentra contemplado en la Constitución ni en ninguno de los supuestos que la Ley Agraria prevé como "causas de utilidad pública".

2.- El artículo 93 de la Ley Agraria enumera en ocho fracciones las causas por las cuales se puede expropiar tierras ejidales, entre las cuales están: establecimiento de un servicio o función públicos, el ordenamiento urbano y ecológico, la explotación del petróleo y otros elementos naturales pertenecientes a la nación; regularización de la tenencia de la tierra; construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte.

3.- Es evidente que la instalación de una repetidora de Tv Azteca no se puede considerar como un servicio público, como indebidamente aduce el decreto del presidente Vicente Fox. Ello, en virtud de que el servicio público es una institución jurídico administrativa en la que el titular es el Estado y cuya única finalidad consiste en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme, necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental. Por su naturaleza está sujeta a normas y principios de derecho público, además de que satisfacen el interés general oponiéndose al interés particular.

4.- En este tenor, los servicios públicos son, por ejemplo, el servicio de transporte, de basura; de salud, etcétera, pero de ninguna manera están incluídas las actividades de una empresa privada como es Tv Azteca, que por su naturaleza está regulada por el derecho mercantil y su finalidad es el máximo de utilidad económica con el menor costo y por lo mismo sus intereses son eminentemente comerciales y particulares.

Es absurdo equiparar un servicio público que es una necesidad esencial, básica o fundamental con la acción de ver televisión.

5.- Es grave que se utilicen falsedades para justificar un acto que carece de sustento jurídico, con el fin de despojar a los ejidos de sus tierras para favorecer intereses particulares.

Esto nos da una idea de lo que sucederá cuando esté en marcha el Plan Puebla-Panamá, pues bajo estos absurdos argumentos se despojará a las comunidades y ejidos de sus tierras para beneficiar a los grandes intereses económicos de las empresas trasnacionales simulando un "servicio público".

Lics. Bárbara Zamora Santos García, Carmen Merino, Pilar Noriega, Digna Ochoa, Lauro Sol, Manuel Fuentes, Juan José Vera, Carlos Sumaya, Liliana Ramírez, Samuel Porras, Julio Ortega, Juan Jiménez, Ignacio Martínez

Precisión de la Segob

Señora directora: Con el objetivo de precisar y complementar la información relativa a la situación que impera en la comunidad de San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en especial respecto de las notas publicadas por el señor Carlos Camacho, corresponsal de ese importante diario, aparecidas anteayer en la página 31 y el día de ayer en la 37, me permito expresarle lo siguiente:

Por instrucciones del doctor Javier Moctezuma Barragán, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y en coordinación con el subsecretario de Gobierno del estado de Hidalgo, Juan Carlos Alva Calderón, la Dirección General de Asociaciones Religiosas a mi cargo, ha sostenido diversas reuniones con representantes de los denominados grupos católico y evangélico, a fin de contribuir a conciliar y superar sus diferencias relacionadas con pagos de servicios públicos y aportaciones para las festividades de la comunidad, entre otros.

Como resultado de dichas reuniones, en presencia de las autoridades federales y estatales, las partes han arribado a varios acuerdos formales, entre los cuales destacan los siguientes:

1. La vía del diálogo será la única forma de avanzar para arribar a una solución de fondo y duradera del conflicto, el cual se sostendrá de manera permanente. Se comprometen también, a sostener un diálogo respetuoso que no quede sujeto a condición o tiempo alguno.

2. Los participantes hacen un reconocimiento sobre la conveniencia de preservar los usos y costumbres de la comunidad, siempre y cuando éstos no sean incompatibles con los derechos humanos fundamentales reconocidos en el sistema jurídico mexicano.

3. En presencia de la autoridad estatal, se identificará si existen adeudos por concepto de servicios y aportaciones a la comunidad, en cuyo caso, los deudores se comprometen a pagar lo debido;

4. Las partes convinieron también en estudiar alternativas, a fin que los afectados puedan compensar los trabajos y cooperaciones relativos a las festividades religiosas, con otro tipo de aportaciones a favor de la comunidad, sin que éstas tengan que ver con cuestiones de índole religiosa.

Como se podrá apreciar de la lectura de algunos de los acuerdos adoptados, el diálogo se encuentra en marcha y no está sujeto a plazos predeterminados que puedan afectar la propia negociación, por lo que no cabe hablar de una inminente expulsión de familias de la comunidad evangélica en San Nicolás, como erróneamente se pretende difundir.

Conforme se avance en la solución del conflicto, se informará oportunamente a la opinión pública, mientras tanto, mucho le agradeceré la publicación de la presente en La Jornada que usted dignamente dirige, para de esta manera coadyuvar a mantener debidamente informados a sus numerosos lectores interesados en este tema.

Alvaro Castro Estrada, director general de Asociaciones Religiosas de la Segob

Señala Presidencia que no pagó folleto en EU

Señora directora: Me refiero a la nota anunciada en primera plana y al artículo de la página 3 de ayer en La Jornada, intitulado "Promueven imagen de México en EU con un folleto de 130 mil dólares", relativo al suplemento dedicado a nuestro país que se publicó ayer en el diario estadunidense The Washington Times.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el gobierno de México no encargó la realización de dicho suplemento ni invirtió recursos financieros para la realización del mismo.

Alicia Buenrostro, directora de Información Internacional