Una de las demandas sociales más consistentes en materia de política exterior ha sido que las autoridades federales de México asuman la defensa activa de los connacionales que se internan en el territorio estadunidense en busca de trabajo y que, tanto en el tránsito como en la estadía, se ven expuestos a todo tipo de peligros, agresiones y abusos. No puede negarse que, en esta materia, el actual gobierno ha logrado más, en menos de siete meses, que los tres gobiernos anteriores en 12 años. Pero ayer, en una entrevista concedida a The Washington Post, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, reveló el compromiso adquirido ante Washington por la presente administración en el sentido de reducir el flujo de inmigrantes que llegan a la frontera común y, en ese afán, la decisión de "reducir la porosidad" de las líneas divisorias entre nuestro país y sus vecinos del sur --Guatemala y Belice-- mediante el incremento allí de la presencia militar y de policías migratorios.

La frase de Creel tal y como fue citada por el rotativo estadunidense: Mexico's commitment to Washington to reduce the flow of U.S. bound illegal immigrants, es decir, "el compromiso de México con Washington de reducir el flujo de inmigrantes ilegales a la frontera estadunidense", podría implicar, por lo que se refiere a los trabajadores mexicanos, una violación a la garantía de libre tránsito, toda vez que el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para presionar a sus ciudadanos a abstenerse de viajar al país vecino; en lo concerniente a los migrantes procedentes del sur del Suchiate, tal commitment socava la fuerza moral que México tendría que empeñar en la defensa de sus connacionales que viajan a la nación del norte, toda vez que nuestro país parece decidido a emular, en su frontera sur, la persecución y la represión de que son víctimas los mexicanos en territorio estadunidense.

Es grave, en otro sentido, la forma en que, a decir del responsable de la política interior, se pone en un mismo saco, como si se tratara de actividades igualmente punibles, la migración indocumentada, el tráfico de drogas y el trasiego de armas. Esta homologación resulta improcedente, porque es claro que un individuo --mexicano, hondureño o chino-- que emigra a otro país en busca de trabajo, así sea de manera irregular, no comete un delito tan grave como el narcotráfico o el contrabando de armas; es peligrosa, además, porque sugiere que sobre los migrantes centro y sudamericanos se abatirá una represión policiaco-militar equiparable a la que se ejerce --justificadamente-- contra los mercaderes de narcóticos.

Si las declaraciones del funcionario referido fueron reproducidas de manera fidedigna, ello reflejaría un muy lamentable error oficial. La política migratoria nacional no debe usarse como carta de negociación. El rechazo a los abusos y las injusticias estadunidenses contra los connacionales es asunto de principios, no de trueques.