Señora directora: Le agradecería publicar la siguiente carta dirigida a Santiago Creel, titular de Segob, y Luis H. Alvarez, comisionado para la Paz en Chiapas.

Con incredulidad recibimos la noticia de la agresión en contra del grupo Enlace Comunicación y Capacitación AC (ECCAC) que trabaja en apoyo de comunidades indígenas con proyectos de desarrollo sustentable, en Ocosingo.

El 30 de mayo fue provocado un incendio en la vivienda de la maestra encargada de los proyectos escolares, donde su bebé y marido fueron afectados también. El 10 de junio, el ingeniero encargado de los proyectos hidráulicos y de hortalizas fue atropellado.

Las autoridades no han iniciado acciones porque el vehículo agresor "se dio a la fuga" y no tenía placas. Estamos convencidos de que el verdadero trabajo para la paz está constituido, entre otras, por acciones como las que lleva a cabo el grupo agredido, quien de modo humanitario apoya a las comunidades indígenas. Como siempre, las personas verdaderamente afectadas con estas cobardes acciones son nuestros hermanos indígenas.

Exigimos que se ponga fin a la impunidad con la que grupos locales de poder actúan; que haya coherencia entre el discurso por la paz del gobierno y las acciones que conduzcan a la misma; que se proteja a los miembros de la sociedad civil que trabajan humanitariamente tratando de subsanar las necesidades generadas por la marginación a la que han sido sometidas las comunidades indígenas.

Fr. Jorge Rafael Díaz Núñez, O.P., Comisión de Justicia y Paz de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores

Señora directora: En la edición del 10 de junio se publicó una amplia nota suscrita por Juan Antonio Zúñiga M., cuya expresión en primera plana decía: "Dejaron la cárcel sólo cinco de 323 indios con derecho a la preliberación / Lentitud en integración de expedientes y discriminación son los factores que obstaculizan los procesos, afirma directivo del INI", con pase a la página 6 que señalaba lo siguiente: "Sólo cinco de 323 candidatos han obtenido el beneficio en 2001; aumentan requisitos / Actitudes discriminatorias frenan casi todos los procesos de indios con derecho a preliberación / Persisten posiciones de 'pretendida superioridad cultural', dice subdirector jurídico del INI".

Considero oportuno ofrecer algunas precisiones:

1. Por la forma en que se titula y presenta la nota, pareciera que lo publicado tuvo como fuente principal la entrevista que se concedió al señor Zúñiga.

2. Es preciso señalar que el reportero se presentó en esta institución con un documento que él mismo llama en su nota "informe oficial" o "documento oficial". Es evidente que no se puede atribuir el carácter de oficial cuando no se cita la fuente. Los motivos reales por los que se pretende mantener sumergida en el anonimato esa fuente, se desconocen.

2. Reitero, como lo señalé en la entrevista, que las cifras contenidas en el "informe oficial" no son compartidas, en virtud de que no reflejan la realidad de los procesos que se desarrollan desde la identificación de los indígenas privados de la libertad hasta el estudio y análisis para ser propuestos como candidatos para la aplicación de un beneficio de libertad ante la autoridad competente.

3. En la entrevista, el reportero mencionó que buscaría la posición de cada una de las instituciones involucradas en el "informe oficial", por eso llama la atención que no se mencione en la nota el sentido en que éstas se manifestaron.

Eduardo Martínez Loyola, subdirector de Asuntos Penales de la Dirección de Procuración de Justicia del INI

Señora directora: Mi respuesta va en cuatro puntos:

1. La entrevista que sostuve con el funcionario del INI fue una fuente importante de apreciación sobre cifras efectivamente contenidas en un informe oficial, pero no fue, como asegura éste, y se puede corroborar en el texto publicado, la "fuente principal" como le parece al abogado indigenista.

2. Si al licenciado Martínez Loyola la parece que un informe o documento oficial sólo lo es cuando se cita la fuente de la que proviene, respeto su apreciación, pero profesionalmente no la comparto. El documento existe, es oficial y fue la fuente principal del texto publicado.

3. En ningún momento de la entrevista, el funcionario señaló no compartir las cifras contenidas en lo que él entrecomilla informe oficial. Él expresó que, en los casos de tratamiento de indígenas que podrían alcanzar los beneficios que la ley otorga, es pertinente "actuar en la lógica de las personas", y señaló que en el área bajo su responsabilidad se busca "no caer en el juego de las estadísticas". En ningún momento cuestionó la validez de las cifras contenidas en el informe oficial en poder de La Jornada, las cuales revelan un fenómeno de interés social: sólo cinco de 323 indios con derecho a la preliberación, han dejado la cárcel en el transcurso de este año. La entrevista afortunadamente está grabada.

4. Este hecho, cierto, es parte de una investigación periodística que no se agota con el texto publicado, y sobre este fenómeno seguiremos informando.

Juan Antonio Zúñiga M.

Construcción de escuela afectaría zona ecológica en Tlalpan

Señora directora: Solicito la publicación de la presente dirigida a Reyes Tamez Guerra, titular de la SEP:

Manifiesto a usted nuestra preocupación y extrañamiento por la autorización para construir una escuela primaria oficial, a la que se denominó San Juan Ajusco, en un asentamiento irregular ubicado en la zona de reserva ecológica de la delegación Tlalpan.

Los vecinos de Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco han acudido a nosotros a manifestar su profundo descontento por el hecho de que a 130 niños de esos pueblos se les inscribió en dicha escuela, hasta hoy inexistente.

Con base en el artículo 3º del Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF "los programas de desarrollo en el ámbito social, económico, demográfico, cultural, urbano, rural y académico, entre otros, así como proyectos, obras, servicios o actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales de carácter público, privado, social que se realicen o pretenda realizar en el territorio del DF estarán sujetos a lo dispuesto en el PFOEDF".

El daño ecológico que se ocasionaría por la urbanización de la zona repercutiría directamente en la recarga del manto acuífero, así como en la pérdida de la cobertura vegetal y la consecuente erosión de suelo.

Solicitamos su intervención a fin de que se corrija esta situación, a todas luces fuera de la norma, y que puede agravar seriamente el conflicto social que existe entre los pobladores de los asentamientos irregulares y los vecinos de los pueblos del Ajusco, y de igual manera aceleraría la conversión del suelo de conservación.

Dr. Gilberto López y Rivas

Precisión de diputada González Gamio a reportaje de Masiosare

Señora directora: El pasado domingo 10 de junio, en el periódico que usted atinadamente dirige, se publicó en el suplemento Masiosare, en su página 6, un reportaje llamado "Viaje al centro de la noche", firmado por el reportero Jesús Ramírez Cuevas, quien utiliza una redacción poco seria y cuestionable al escribir: "...se dice que...", sin mencionar el autor de dicha afirmación, por lo cual hago las siguientes aclaraciones:

1. Es absolutamente falso y fuera de la realidad lo que aparece escrito sobre mi persona.

2. Mi participación en la redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles fue y es solamente con legisladores, no como se dice en el reportaje.

3. Con los empresarios que citan en el texto jamás he tenido contacto alguno. Sobre el asunto relacionado con la Madame de Las Lomas, está debidamente documentado ante la PGJDF que nunca existió relación alguna.

Dip. Margarita González Gamio, Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales

Señora directora: Los señalamientos sobre la actuación de la licenciada Margarita González Gamio como funcionaria pública y legisladora tienen su origen en diversas fuentes. Cuando fue titular de la delegación Miguel Hidalgo (1988-94) aumentaron los "giros negros". Basta ver los establecimientos dados de alta en esos años para corroborarlo.

El legislador Miguel Angel Toscano presentó en tribuna la Ley de Establecimientos Mercantiles (17 de abril de 2001) como "resultado del trabajo conjunto de un servidor y de la diputada Margarita González Gamio". El panista informó de reuniones con autoridades, cámaras de comercio, patronales, y dueños de los giros de alto impacto. 

Por meses, legisladores de la ALDF se reunieron con representantes de estos giros. La delegación Cuauhtémoc supo de la ley por voz de Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Bares y Discotecas.

Este 10 de junio, Emilio Serrano, diputado del PRD, denunció los supuestos vínculos de la señora González Gamio con las mafias de los "giros negros".

Sobre el caso de la "Madame de Las Lomas", en su momento se publicó en diversos medios que la casa de citas recibía la protección de autoridades de la delegación Miguel Hidalgo. 

El objetivo del reportaje es denunciar la explotación que sufren quienes trabajan en esos "giros negros", sobre esto los legisladores no han dicho una palabra.
Jesús Ramírez Cuevas