La sustracción de importantes pruebas y documentos periciales del expediente del homicidio de los hermanos Carrola Gutiérrez y la desaparición de cinco funcionarios de la agencia 30 del Ministerio Público, una de ellas la titular de la agencia, Rosa María Díaz Beltrán, son hechos que ilustran la descomposición y el descontrol que imperan en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Igualmente grave y revelador es el hecho de que los presuntos responsables de la sustracción proporcionaron a la institución domicilios falsos sin que hubiera habido ningún mecanismo de verificación de los datos.

Aunque el subprocurador Alvaro Arceo Corcuera pretendió minimizar la importancia de la desaparición de las pruebas, los documentos y los funcionarios, el episodio deja al descubierto la injustificable precariedad institucional con la que opera la procuraduría capitalina, circunstancia que no es, ciertamente, privativa de la PGJDF, sino que se repite en casi todas las oficinas estatales de procuración de justicia, así como en la federal. Lo sucedido obliga a preguntarse si la información referida no es sólo la punta del iceberg de un descontrol mucho mayor, si el robo de pruebas y la destrucción de expedientes no son prácticas frecuentes en investigaciones menos conocidas que la abierta a raíz del asesinato de los ex policías y si la falta de datos personales verídicos no se extiende a la mayor parte de la nómina de la institución.

En última instancia, esta descomposición es síntoma de la infiltración de los intereses delictivos en la institución encargada de combatirlos y constituye, en esa medida, un dato desalentador en torno a las perspectivas reales de combate y disminución de los grupos que amenazan, desde la ilegalidad, la seguridad y la integridad física, emocional y patrimonial de los capitalinos.

Más allá de la necesaria localización de los funcionarios prófugos, de la restitución de las pruebas robadas y del castigo conforme a la ley de los responsables de la sustracción, es preciso que las más altas autoridades de la PGJDF expliquen con claridad a la ciudadanía los verdaderos alcances de la penetración delictiva en la institución, así como las acciones que se piensa emprender para limpiar y moralizar ?si no es que reconstruir-- los ministerios públicos capitalinos. En el momento actual, el procurador Bernardo Bátiz dispone todavía de un margen de comprensión ciudadana para ese efecto; después puede ser demasiado tarde, porque en la presente circunstancia nacional los ritmos del desgaste político son vertiginosos.