Señora directora: Solicito la publicación de la siguiente carta dirigida a:

Lic. Vicente Fox Quesada, presidente de México.

En reiteradas ocasiones, usted se ha pronunciado por la paz en Chiapas, y también por la desmilitarización y el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, pero en últimas fechas su discurso se ha contradicho mediante los hechos. Concretamente, además de las denuncias públicas ya hechas por las comunidades de Jolnachoj, Francisco Gómez, Roberto Barrios, Guadalupe Tepeyac, Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad, San Pedro de Michoacán, San Juan del Pozo, San Juan Bautista, Santo Tomás, San Jacinto Lacanjá, Paraíso, Ojo de Agua Tzotzil, Nuevo Mariscal, Nuevo Tila, Viejo Velasco Suárez, Cintalapa, Altamirano, Chanal, Simojovel, El Bosque, Trinitaria, Las Margaritas, Comitán, entre otras, respecto a la creciente militarización de dichas zonas, ahora se suma el ejido La Selva, municipio de Ocosingo, Chiapas.

En este centro de derechos humanos recibimos en nuestra oficina de Palenque, Chiapas, la denuncia de hostigamiento castrense por parte de habitantes de la comunidad La Selva, por lo que procedimos a realizar una visita de observación e investigación documental mediante el recabo de testimonios en la comunidad.

Los habitantes del ejido La Selva, municipio de Ocosingo, Chiapas, denuncian la presencia y hostigamiento por parte de elementos del Ejército mexicano que se internan e instalan cada tercer día mediante puestos de revisión en este ejido. A principios de abril, aproximadamente entre 50 y 60 militares, comenzaron patrullajes en las inmediaciones de la comunidad, además de interrogar a hombres y mujeres con preguntas referentes a que si son o no zapatistas y sobre quiénes son las autoridades y los catequistas de la comunidad.

Estos patrullajes son constantes, hoy en día, ya se ha hecho costumbre que el Ejército improvisa sus retenes en los alrededores y caminos de la milpa de la comunidad. Para intimidar a los indígenas que integran el Ejido, los elementos castrenses se apersonan durante varias horas en la comunidad, bloqueando calles e interrogando a la gente, sobre su manera de trabajo, si llevan armas o siembran mariguana, y como no encuentran nada parecido, más que sus utensilios de campo, los militares comienzan a enseñar semillas de mariguana a los habitantes del ejido.

Las mujeres temen por la seguridad de sus hijas, pues con la presencia militar han generado intencionalmente vicios, como drogadicción, prostitución, alcoholismo, con el fin de interrumpir la armonía del ejido.

En administraciones pasadas, como la de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el Ejército mexicano ha tenido preminencia sobre otras instituciones, al grado de que dentro de la propia institución armada ha reinado la impunidad de aquellos castrenses que violan derechos humanos. Constitucionalmente, usted es el jefe supremo de las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, forma parte de la administración pública centralizada, que depende de usted, por lo que sin duda tiene en sus facultades, deberes y poderes el retiro del Ejército a sus cuarteles, como lo señala el artículo 129 constitucional y múltiples organismos internacionales que se han pronunciado por la creciente existencia de violaciones de los derechos humanos perpetradas por militares.

Por lo anterior, la comunidad La Selva lo responsabiliza sobre la situación actual que viven y sobre la posibilidad de que la misma se agrave.

Atentamente

Lic. Rufino Gómez Martínez, Abogado, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC-Chiapas

Aclaración sobre propósitos de Amnistía Internacional

Señora directora: En relación con la carta publicada en La Jornada el 30 del mes pasado, firmada por el señor José María Covarrubias acerca de la clausura del Bar El Taller me permito aclarar lo siguiente: Amnistía Internacional es un movimiento que está integrado por personas de todo el mundo que trabajan de forma imparcial a favor de los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso y no apoya ni se opone a las convicciones de las víctimas cuyos derechos se esfuerza por proteger. Esta organización se ha caracterizado por un creciente activismo en relación con la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ha trabajado en diversos foros para denunciar la discriminación que sufre dicha comunidad.

En octubre del año pasado Amnistía Internacional comenzó una campaña mundial contra la tortura que lleva por lema ¡Actúa ya, tortura nunca más! Múltiples instituciones organizaciones e individuos se han sumado a este esfuerzo mundial para acabar con esta práctica, y aunque la tortura está prohibida por numerosos instrumentos internacionales y nacionales, es una práctica común que es utilizada tanto contra el crimen común, el preso político o aquel que simplemente es diferente: indígenas, lesbianas, bisexuales, transexuales, negros, niños de la calle. La impunidad persiste en todo el mundo, no se lleva ante la justicia a los responsables.

Como usted comprenderá, no es objeto de lucha de la sección mexicana de Amnistía Internacional la clausura no violenta de un bar efectuada por razones de tipo administrativo. Esto es competencia de las autoridades respectivas, nosotros trabajamos contra las violaciones a los derechos humanos por motivo de discriminación de los grupos vulnerables.

Le agradezco de antemano la publicación de nuestra respuesta.

Atentamente

Rebeca Salinas, presidenta de Amnistía Internacional-México, AC

Familia minera hace llamado para no perder patrimonio familiar

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta dirigida al: licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Presidente: Somos herederas de mi esposo, el señor Octavio Díaz Gill, quien durante muchos años, hasta su muerte, en 1992, trabajó la mina de plata llamada Los Tajos, en el municipio de Topía, Durango.

Debido a la crisis minera generalizada, principalmente al desplome del precio de la plata y también al encarecimiento desmedido de los insumos y a los gravosos impuestos de 40 por ciento por parte del gobierno federal, la mina fue operada con grandes sacrificios, a falta de mi marido la mina fue trabajada por un hijo nuestro, José María Díaz Soto, técnico minero, quien trató de sacarla adelante sin lograrlo; entonces quiso resolver la situación trasladándose a Estados Unidos, sin que después de siete años hayamos vuelto a saber nada de él. Siendo un buen hijo y padre con gran apego y amor a su familia (esposa y cuatro hijos menores), suponemos que fue víctima de alguna desgracia, por lo cual, lo creemos muerto, sin que hayamos podido precisar nada al respecto.

Cuando mi esposo aún vivía, se obtuvieron dos préstamos ante la Comisión de Fomento Minero, el primero de los cuales fue cubierto puntualmente, no así el segundo por 300 mil pesos: para entonces, la situación había empeorado debido al empobrecimiento de las vetas, ya que las liquidaciones apenas cubrían los gastos; para obtener el segundo préstamo hubo de darse una garantía hipotecaria, consistente en la modesta casa de mi hijo José María, ubicada en la calle de González de La Vega 103, Col. Tierra Blanca, así como una fracción del terreno de 800 mts., que funciona como el patio trasero de la vivienda originalmente perteneciente a mi marido, en Bravo 723, Col. Tierra Blanca de la ciudad de Durango.

La incosteabilidad de esta mina está en el mismo caso que la mayoría de las de nuestro estado, cuyos mineros han quedado en la miseria y sin poder cumplir sus compromisos.

El último préstamo no pudo ser cubierto por las causas mencionadas, debido a lo cual, la Comisión de Fomento Minero planteó una querella por incumplimiento de pago más intereses, cuyo fallo, obviamente fue en contra nuestra.

En tales circunstancias sobrevivimos solamente la viuda de don Octavio Díaz Gill y la esposa y cuatro hijos menores de José María Díaz Soto, quien, como mencioné, se encuentra desaparecido: ante la perspectiva de que una familia pierda su patrimonio, así como se pierda la parte trasera de la casa de mi esposo, hacemos un llamado urgente a su espíritu humanitario y a sus múltiples manifestaciones de apoyo a la gente de trabajo y a sus familias, para que tenga a bien ordenar que se detenga cualquier acción, no por legal, menos injusta, a fin de que podamos conservar nuestro modesto e imprescindible patrimonio.

Atentamente

Antonia Soto viuda de Díaz y Antonia Pereira de Díaz

Señora directora: Solicitamos la colaboración de los lectores para localizar al señor Federico Hernández Alemán, quien se extravió en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, delegación Iztacalco. Sus datos personales son los siguientes: Edad; 78 años; estatura: 1.60; complexión: regular; tez: blanca; cara alargada; cabello lacio entrecano y escaso; frente amplia; nariz grande; boca mediana; labios delgados; cejas semipobladas; mentón oval; ojos café oscuro y medianos; señas particulares: adoncia total y cicatriz en medio de las cejas.

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 53-45-50-84 y 53-45-50-80