El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, ordenó a la Procuraduría General de Justicia Militar la activación de la coadyuvancia para organizaciones de defensa de derechos humanos en procesos del fuero militar. Este hecho, sumado a la próxima reunión de la PGJM con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Human Rights Watch, parece configurar una tendencia de apertura en las hasta ahora impenetrables instancias militares de procuración de justicia. Esa tendencia --que corroboran fuentes castrenses citadas por este diario-- podría contribuir en el establecimiento de una justicia militar regulada, ajena a la discrecionalidad y al secreto y abierta a la fiscalización social.

Ha de considerarse que, como parte de las herencias del extinto régimen político emanado de los gobiernos posrevolucionarios, el ámbito castrense en general ha permanecido al margen de todo mecanismo de rendición de cuentas, y que en ese contexto la procuraduría militar actúa sin ningún contrapeso y sin que existan, en la práctica, instancias capaces de corregir desviaciones de la ley.

Tal circunstancia ha dado lugar a graves injusticias, a abusos de poder y a condiciones para la impunidad ante violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas no son únicamente los civiles agredidos por efectivos militares -particularmente en zonas indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero-, sino también miembros de las fuerzas armadas como el general José Francisco Gallardo, a quien la CIDH y Amnistía Internacional consideran un prisionero de conciencia.

La reactivación de la coadyuvancia a organismos civiles no sólo constituye una condición para transparentar los procesos castrenses, sino que crea circunstancias propicias para el acatamiento, por parte de las autoridades militares, de las resoluciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido en torno a actuaciones de la Sedena, y que hasta ahora permanecen incumplidas.

En términos generales, la necesaria redefinición práctica y legal del fuero militar debe verse como un paso en el proceso de democratización en el que se encuentra inmerso el país, y ha de considerarse que la transparencia, la regulación y la fiscalización civil de la procuración de justicia castrense no debilitarán a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, fortalecerán su imagen y su prestigio ante la sociedad.