Hace 30 años, el jueves 10 de junio de 1971, el grupo de choque Los Halcones reprimió brutalmente una pacífica manifestación de estudiantes y maestros en la ciudad de México. Pese al saldo de siete muertos y una veintena de lesionados reportado por la Dirección de Policía y Tránsito capitalina, nunca se supo cuántos murieron aquel Jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión para condenar lo ocurrido y ordenar una inmediata investigación. Tres décadas después, desconocemos a los verdaderos responsables de la matanza.

El gobierno de Echeverría no dudó en aplicar la violencia de Estado en contra de los llamados grupos radicales --guerrillas rurales, urbanas y movimientos estudiantiles-- como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por Genaro Vázquez Rojas; el Frente Urbano Zapatista; el Comité Estudiantil Revolucionario; el Movimiento de Acción Revolucionaria; la Liga Armada Comunista o el Comando Armado del Pueblo. 

Si bien la guerra sucia de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo es incomparable con la magnitud de las atrocidades cometidas por los regímenes militares sudamericanos, no dejan de ser gobiernos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Lo mismo podemos decir de los ex presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en cuyas administraciones se suscitó tal grado de represalias que, en más de una ocasión, llamaron la atención de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de que en las versiones oficiales los grupos paramilitares y de choque eran puras invenciones, sobran pruebas de la existencia de estos grupos armados y su perversa relación con el poder. 

Una de las características del régimen priísta fue la creación de una sólida red de complicidades transexenales que, al margen de la ley, brindó protección a quienes solaparon, armaron y entrenaron a estos grupos de la muerte, pero, sobre todo, a quienes tomaron las decisiones y dictaron las órdenes.

Tras el cambio de partido en el poder, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de resolver las atrocidades consumadas en sexenios anteriores, porque, y así lo han manifestado diversas organizaciones no gubernamentales, un gobierno que no procura solucionar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado reciente, comete, por la simple omisión, una nueva violación a estos derechos.

El régimen priísta usó la violencia de Estado como un dogma de sobrevivencia, y crímenes como los de Tlatelolco, Tehuipango, Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, o los asesinatos políticos --entre ellos, 600 perredistas-- durante el sexenio de Salinas siguen impunes.

Hoy, la presencia de grupos paramilitares en Chiapas que reciben protección y apoyo de las fuerzas de seguridad pública de municipios priístas, ponen en evidencia que las maquinarias de represión del Estado siguen funcionando pese a los indudables avances en la defensa de los derechos humanos en los últimos años. 

La elección entre el borrón y cuenta nueva o la creación de una comisión de la verdad es un asunto de la mayor importancia para el gobierno de Vicente Fox. La decisión final no debe ser producto de una postura unilateral o previamente cabildeada entre el gobierno federal, su partido y el PRI, sino el resultado de un amplio debate social. Sin orillar el debate hacia una cacería de brujas, el cinismo, la crueldad, ilegalidad y corrupción que abrigaron a los actos violentos del régimen priísta no deben quedar impunes.