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México, D.F. sábado 9 de junio de 2001
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Editorial
 
EL EMPRESARIO MENEM

SOLCarlos Saúl Menem, hoy detenido y procesado, inaugura una lista bastante larga que, por ahora, incluye en lo inmediato a Alberto Fujimori, su par peruano, pero que podría ampliarse por lo menos con un par de ex presidentes ecuatorianos y probablemente con otros ex jefes de Estado latinoamericanos que en su momento fueron elegidos y fueron famosos o que están a punto de perder su libertad apenas dejen el gobierno. 

Lo importante del fallo judicial contra Menem por "asociación o banda de tres o más personas con el fin de delinquir" y por "falsedad ideológica" (pues firmó documentos donde se falseaba la verdad) es que se acaba la impunidad para los poderosos, o sea, el sistema de dos pesos y dos medidas que premiaba a los hijos y castigaba sólo a los entenados. Eso sienta un importante precedente judicial y va en la misma línea que el proceso seguido a Augusto Pinochet o a los dictadores argentinos y a sus verdugos, como el torturador Cavallo, actualmente preso en México.

Menem ha sido condenado a prisión domiciliaria, que no puede cumplir en la casa de su propiedad --que le niega su hija, que lo repudia--, sino que transcurrirá, con su reciente esposa, una ex Miss Universo, en la enorme mansión campestre en una zona residencial que es propiedad del empresario armenio-argentino Armando Gostarián, miembro de su corte y beneficiario de su gobierno. 

En su omnipotencia había nombrado jefe de aduanas a su cuñado, Emir Yoma, que era un coronel sirio ni siquiera nacionalizado argentino que dejaba entrar o salir del país lo que convenía a su clan. Además, se había rodeado de corruptos también procesados judicialmente (como la ex ministro de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, que con los fondos de su ministerio compró inmuebles en Nueva York, o Víctor Alderete, responsable del PAMI, instituto para las jubilaciones, al que dejó en la ruina) y aparentemente fue el organizador del envío de armas fabricadas en Argentina a Croacia (en guerra con Serbia y Bosnia y sometida a un bloqueo internacional) y a Ecuador, que estaba en guerra con Perú, firmando decretos presidenciales que destinaban falsamente dichas armas a Panamá y a Venezuela. 

Su ministro de Defensa, Antonio Erman González, y el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, general Martín Balza, habrían sido sus cómplices y por consiguiente están coprocesados como Menem y también detenidos. 

Menem fue y sigue siendo socio en importantes negocios internacionales con el ex presidente norteamericano George Bush, cuya mediación ha solicitado con palabras que huelen a chantaje, ya que declaró en su defensa que era imposible que Estados Unidos no supiese qué contenían los barcos que allí llevaban armas, implicando así a su socio y a la CIA como cómplices. 

Fujimori, otro aventurero y demagogo que ascendió al poder con un programa opuesto al neoliberalismo y que enseguida aplicó a rajatabla, para mantener el apoyo de Menem cerró los ojos ante el hecho de que éste exportaba armas al país que el ejército peruano enfrentaba en los campos de batalla.

Fujimori y Menem, por supuesto, hablaban de valores nacionales y de ética mientras mentían, desvalijaban, arruinaban sus países respectivos y ambos enfrentan ahora a la justicia. 

Lo malo es que hoy muchos gobernantes se curan en salud defendiendo a Menem. Por ejemplo, el grupo que gobierna Chile lo alaba (para no tener que ajustar cuentas con el pinochetismo) y el presidente uruguayo, en vez de alegrarse por la recobrada credibilidad de la justicia argentina, dice que "Argentina pierde credibilidad" como si ésta residiera en los gobernantes y no en el sistema democrático. 

Así, la prisión de Menem y de importantes políticos, militares y funcionarios, refuerza las instituciones pero provoca dos reacciones opuestas: la de los potentes hasta ahora a salvo de la justicia y la de quienes siempre reclamaron justicia en vano. Pero de eso hay que alegrarse porque estamos ante una lección sobre qué puede ser el Estado y sobre el papel de la sociedad ante los poderes del mismo, como el Judicial, que recobra en Argentina autonomía y dignidad.
 

 

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