La detención de Carlos Menem y su reclusión en régimen de arresto domiciliario son noticias alentadoras para la consolidación de la democracia en Argentina y Latinoamérica, y constituyen pasos importantes en el combate a la impunidad de la que disfruta la mayoría de los ex mandatarios que, en esta región del mundo, han cometido actos ilícitos a su paso por el poder. 

Ciertamente, aún está por establecerse, con las formalidades procesales del caso, la culpabilidad o la inocencia del político justicialista; pero tal esclarecimiento resultaba obligado ante quien, como Menem, es asociado por la opinión pública de su país y del extranjero con actos de corrupción y excesos y abusos de poder. 

Esa fama pública, que lo persigue desde que ocupaba la Presidencia, no fue producto de una campaña de linchamiento ni de maquinaciones de sus enemigos políticos, sino de un ejercicio gubernamental plagado de irregularidades, de las cuales el tráfico de armas a Ecuador y Croacia --motivo de su actual detención-- probablemente sea sólo la punta del iceberg. 

Más allá de las responsabilidades penales específicas que puedan fincarse al ex presidente, debe señalarse su pertenencia a una generación de mandatarios latinoamericanos que, en las últimas décadas del siglo recién pasado, impusieron un liberalismo económico depredador, abusaron del poder y dejaron en sus países respectivos una grave devastación social y económica y una terrible descomposición política e institucional. 

Son notables, en este sentido, las semejanzas entre Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Fujimori y el propio Menem, por mencionar sólo a los más célebres representantes de un perfil presidencial finisecular cuyos trazos principales son la globalización salvaje, la corrupción y el autoritarismo. 

Todos ellos arrastran una imagen pública que los vincula con la delincuencia; el venezolano, en su momento, purgó una condena de prisión; ahora el argentino se encuentra bajo arresto domiciliario y el peruano está prófugo; sólo el mexicano ha logrado evitar las imputaciones formales en su contra, aunque desde hace seis años evita residir en su país. 

Independientemente del curso de los procesos judiciales que se realizaron y que se desarrollan actualmente o que se emprendan en el futuro contra estos ex mandatarios, se han hecho acreedores a un repudio social proporcional al daño que causaron en sus naciones. Ahora se requiere ir al fondo en los juicios en curso e iniciar los que procedan, pero es necesario también avanzar en la regulación del ejercicio del poder público para que la arbitrariedad, la arrogancia, la insensibilidad y la descomposición no vuelvan a sentarse, en esta región del mundo, en ninguna silla presidencial.