El pasado fin de semana, durante casi dos días, una huelga de sobrecargos paralizó las operaciones de Aeroméxico, la principal línea aérea del país. El movimiento se tradujo en horas de gran incertidumbre y tensión para la empresa, para los paristas, afiliados a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y para decenas de miles de viajeros que se quedaron varados en aeropuertos de México y del extranjero. A la postre, sin embargo, las partes pudieron alcanzar un acuerdo satisfactorio -que incluye un incremento salarial de 9.5 por ciento, bonos de productividad, pago de salarios caídos, así como algunas mejorías de las condiciones laborales- y ayer en la mañana Aeroméxico estuvo en condiciones de normalizar sus operaciones y reanudar sus vuelos. Cabe felicitarse por ello.

Fue, el referido, el primer paro laboral de gran impacto en lo que va del presente sexenio, y en esa medida permitió hacerse una idea precisa de alineamientos y actitudes en el nuevo escenario político que vive el país. Un aspecto especialmente significativo y esperanzador en ese episodio es la correcta actitud adoptada ante la huelga por las autoridades federales. El secretario del Trabajo, Carlos Abascal, asistió a las negociaciones con espíritu propositivo y ánimo de conciliación entre las partes, en tanto que el presidente Vicente Fox descartó la aplicación de la requisa y se distinguió, con ello, de sus antecesores priístas en Los Pinos, quienes no vacilaban en echar mano de esa figura jurídica que, en opinión de muchos, es anticonstitucional y nugatoria del derecho de huelga. Cabe recordar, como antededente directo, que en las dos huelgas de sobrecargos ocurridas en Aeroméxico en el sexenio pasado Ernesto Zedillo ordenó la requisa de la empresa, por más que ésta no es la única prestadora de transporte aéreo para el mercado nacional, del cual, se estima, posee 42 por ciento. 

La renuncia de Fox a echar mano de esa facultad, prevista en la Ley General de Vías de Comunicación, habla de un respeto efectivo al derecho de huelga, y acaso también de un deslinde con respecto a la actitud casi invariablemente patronalista y antisindical con la que actuaba la Secretaría del Trabajo en los últimos tiempos del priísmo. Ojalá que así sea.