Cinco niños de entre ocho y 16 años están resistiendo, armas en puño y apoyados por una jauría de perros, el cerco que les ha tendido la policía de Idaho que espera rendirlos por hambre y por sed. Muerto el padre de inanición sin asistencia alguna y enloquecida la madre que desde hace tiempo no les daba alimentos, los niños sobrevivieron a sabiendas de todos comiendo hierbas y cazando con sus perros sin que nadie haya intervenido para ayudarles. 

Pero el Estado, responsable por omisión de socorro y por insensibilidad, se presenta ahora como tutor feroz y quiere zanjar el asunto con la policía, desperdigando la familia, compuesta ya sólo de niños, que precisamente en su unión y su solidaridad encuentra los únicos factores que les permiten mantener su dignidad humana. 

Las autoridades estadounidenses, que consideran cotidianamente a los menores maduros para ir a la cárcel e incluso para ser víctimas de la pena de muerte en el caso de que se les impute algún delito, les niegan sin embargo la capacidad de decidir sobre sí mismos, de mantener la unidad familiar, de tener sentimientos que deben ser tenidos en cuenta antes de decidir sobre su suerte sin interpelarlos. 

En el caso de los menores, como en el de los ancianos inválidos o en el de los alienados, otros deciden por ellos; otros los tratan como objetos que pueden ser desplazados a voluntad; otros resuelven que estorban porque no son productivos y porque su diversidad introduce desorden en el mundo carcelario que las autoridades construyen. 

Por eso los recluyen, para evitar los "malos ejemplos" y las diversidades, y les quitan la libertad para encerrarlos en manicomios, asilos, orfanatos o cárceles de menores para los "desviados". Los sicólogos y los asistentes sociales, la ayuda pública --que es un deber no sólo político sino, sobre todo, humano-- son sustituidos por la policía ya que, para las autoridades de Estados Unidos, el problema social es sólo un problema policial, como lo demuestra el hecho de que, en porcentaje de población, el país ostenta la mayor proporción de encarcelados del mundo. 

La juventud, además, y como lo reveló el alcalde Giuliano de Nueva York con su política de "tolerancia cero" que llevó a arrestar a los jóvenes pobres por el hecho de serlo y de estar fuera de sus ghettos, aparece como un peligro que hay que enfrentar armas en mano. Así, mientras el poder tolera la posesión de armas de todo tipo y calibre para favorecer a los fabricantes de las mismas --¿cómo podrían vivir de la caza unos niños sin que alguien les venda escopetas y municiones sin problema alguno?-- las autoridades amenazan con el uso letal de su fuerza "legítima" contra quienes se resisten, como sucedió en 1992 en Ruby Ridge, siempre en Idaho, cerca de donde ahora resisten los niños, cuando la policía, en un asedio similar, mató a tiros a la mujer y al hijo del racista blanco Randy Weaver.

Este y su familia no reconocían al Estado mientras que ahora es el Estado el que no ha reconocido a los niños y sólo se ha acordado de ellos para apresarlos y disponer de sus personas como si fueran animales y no seres conscientes, con sentimientos, lazos y capacidad de querer. 

La terrible soledad en que son dejados los pobres por una sociedad que dice dividirse entre "ganadores" y "perdedores" natos, y la negación de la función asistencial y cultural del Estado provoca millones de dramas cotidianos. Entonces, cuando la locura colectiva lleva a una patología individual extrema, el temor mutuo conduce al uso de las armas. Aunque sea contra niños.