El vacío legal, la rebeldía de un cacique y gobernador ante una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un albazo, tres consejos electorales --sólo uno legítimo--, la posible intervención de la fuerza pública, insultos entre actores políticos y problemas para contratar la empresa encargada del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dominaron y mancharon el proceso electoral que culmina mañana en Yucatán. 

Los problemas para garantizar una elección democrática en el estado dieron cuenta de la inexperiencia y falta de habilidad política del gobierno federal para hacer cumplir la ley ante las amenazas de Víctor Cervera Pacheco y el PRI, gobernador y partido que no dieron la mínima señal de respeto a una sentencia del máximo órgano electoral de la nación y que se han valido de todo tipo de recursos para que Yucatán siga siendo un bastión del priísmo, aun a costa de frenar y poner en riesgo los avances democráticos en materia electoral. 

Tuvieron que pasar casi tres meses luego de la sentencia del TEPJF para que finalmente se integrara un Consejo Electoral legítimo, tiempo durante el cual los yucatecos padecieron un hueco de legalidad que, a su vez, obstaculizó los primeros pasos del proceso que culmina mañana. Y fue precisamente en un ambiente viciado y repleto de irregularidades en el que se sentaron las bases de las primeras elecciones estatales en tiempos del nuevo gobierno. 

Si bien este proceso representa la primera gran prueba democrática --en materia electoral-- del gobierno de Vicente Fox, no sorprende que el priísmo yucateco haya demostrado no haber comprendido las razones del resultado del 2 de julio; por el contrario, se afanó en dar continuidad al caciquismo, al albazo legislativo, a la intimidación y compra de conciencias. 

A unas horas de la elección, la moneda gira en el aire, aunque la mayoría de las encuestas den una ligera ventaja al panista Patricio Patrón Laviada sobre el priísta Orlando Paredes Lara, quien tiene depositada su esperanza en el voto de las zonas rurales, el mismo que dejó plantado a Francisco Labastida el año pasado. 

No obstante lo desaseado del proceso, los yucatecos merecen una elección limpia de la cual emane un gobierno legítimo, y serán precisamente los electores quienes con su participación podrán ser garantes de que Yucatán sea un estado democrático.