Ante la trágica muerte por deshidratación de 14 mexicanos que intentaban cruzar el desierto de Arizona una vez traspasada la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, los gobiernos de los dos países se apresuraron a emitir un comunicado conjunto de condena a los traficantes de seres humanos que abandonaron a su suerte, en una zona particularmente inhóspita y peligrosa, a una treintena de migrantes de la que los fallecidos formaban parte. 

A los polleros que condujeron a estos indocumentados a la muerte les corresponde, sin duda, una responsabilidad inocultable que indigna, y las autoridades de ambas naciones están obligadas a dar con los culpables inmediatos de la tragedia y a enjuiciarlos conforme a derecho por su acción criminal. 

No sólo se debe hacer justicia por estas muertes, sino que se tiene que enfrentar y erradicar el tráfico de personas en general; una actividad delictiva que dejó de ser artesanal para convertirse en un negocio a cargo de grandes mafias transnacionales altamente organizadas que operan con grandes volúmenes de utilidades. 

Pero no puede desconocerse que el responsable último por los fallecimientos ocurridos en la zona desértica de Wellton --donde, durante el día, se registran temperaturas de 44 grados centígrados-- es el gobierno de Estados Unidos, el cual se ha empeñado en perseguir y penalizar la migración de trabajadores indocumentados provocada por la asimetría económica y social de ambos países y por la existencia, en el territorio del país vecino, de una demanda de mano de obra tan vasta como el propio flujo migratorio. 

El endurecimiento de las medidas represivas contra los migrantes ha orillado a éstos a poner sus vidas en grave peligro al internarse por territorios inhabitables y, con frecuencia, mortales. Cuando el canciller Jorge G. Castañeda señaló que "no se puede seguir obligando a la gente a cruzar por zonas inhóspitas y peligrosas" omitió decir que son dos los factores que empujan a los connacionales a aventurarse por esas áreas: los traficantes de personas, ciertamente, pero también las estrategias antimigratorias del gobierno de Estados Unidos. 

No puede omitirse, finalmente, que en la perpetuación de esas estrategias ha tenido un papel nada desdeñable la pasividad, la irresponsabilidad y hasta la abyección con la que actuaron, ante la nación vecina, los últimos gobiernos priístas, los cuales hicieron abundantes y costosas concesiones sin exigir, a cambio, un trato digno, justo y humano para los connacionales que acuden a Estados Unidos en busca de trabajo. 

El ejemplo más claro de esa actitud fue la negociación y la firma del Tratado de Libre Comercio, el cual abrió paso al libre tránsito de mercancías y capitales entre los dos países, pero dejó a los seres humanos al margen de esa apertura de fronteras.