Los operativos realizados ayer en la aduana del aeropuerto de Guadalajara y en otros puntos de esa ciudad, que permitieron la detención de nueve personas y el aseguramiento de medio centenar de bodegas donde se almacenaba mercancía ilegal y de un centro de duplicación de discos compactos, se inscriben en un perceptible empeño gubernamental por atacar las mafias del contrabando enquistadas desde hace muchos años en la Secretaría de Hacienda, particularmente en el Sistema de Administración Tributaria y en la Administración General de Aduanas. En este contexto, la semana pasada fueron dados de baja, por ''pérdida de confianza'', 43 empleados del sistema aduanal, algunos de los cuales, se informó, serían sometidos a investigación por parte de la Procuraduría General de la República. 

Diversos exponentes del equipo de gobierno, empezando por el presidente Vicente Fox Quesada, han manifestado en repetidas ocasiones su interés moralizador y su determinación de combatir la corrupción y la delincuencia en todas sus expresiones; las acciones referidas se corresponden, ciertamente, con tales propósitos, y adicionalmente parecen ser respuesta a las muestras de descontento de industriales y empresarios que, desde inicios del presente sexenio señalaron, con razón, que el contrabando los colocaba en riesgo de extinción, con todo lo que eso implica para el conjunto de la economía. 

Ha de considerarse, a este respecto, que la evasión fiscal que representa el contrabando no sólo daña la viabilidad de numerosos agentes económicos privados, sino que se traduce, para el gobierno, en una cuantiosa merma de recursos. Existen, pues, además de las razones jurídicas obligatorias, sobrados motivos económicos y políticos para ir a fondo en el combate a esta actividad delictiva. 

Esta tarea no sólo pasa por la detección, la detención y el procesamiento penal de los contrabandistas y de los servidores públicos coludidos con ellos, sino que requiere, para ser verosímil y realmente moralizadora, de una investigación de los malos manejos aduanales registrados en sexenios anteriores y de la localización y consignación de quienes resulten responsables. Durante muchos años se afirmó, con fundamentos, que tras el menudeo callejero de fayuca tenía que existir, necesariamente, una vasta red de complicidades en las aduanas terrestres, aéreas y marítimas del país. Todo ese tiempo, sin embargo, las autoridades federales dieron la espalda al sentido común y se empeñaron en circunscribir el problema a los puestos de comercio informal y a bodegas del centro de la capital, como si la mercancía ilegal no hubiese tenido que pasar por un largo trayecto para llegar hasta allí. A la distancia, esa actitud obliga a sospechar situaciones de encubrimiento y colusión con las organizaciones delictivas. 

Cabe esperar, hoy, que las acciones orientadas a erradicar el contrabando prosigan en estricto apego a derecho, que lleguen hasta sus últimas consecuencias y que permitan retribuir a las arcas públicas --es decir, a todos los mexicanos-- los fondos robados. Sin duda, el gobierno federal encontrará, en este empeño, el respaldo y el reconocimiento de la sociedad.