Señora directora: El lunes 7 de mayo he rechazado las tarjetas de auxilio monetario para personas de la tercera edad que se nos destinaron a mi esposo, Boris Rosen, y a mí. Ambos consideramos que el buen plan de López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, está siendo mal aplicado, pues la ayuda económica debe destinarse a ancianos de los sectores pobres y miserables, que sí lo necesitan con urgencia, y no a los de la clase media. 

Nos consta que muchas tarjetas han sido activadas por gente con buenos recursos económicos. 

Agradeciendo como siempre tu atención, te saluda: 

Raquel Tibol 

Ruta 2 de microbuses, posesionada de Palma Norte y Tacuba 

Señora directora: Solicito la publicación de la siguiente carta en El Correo Ilustrado: 

Licenciado Gerardo Alejandro Martínez Rodríguez, jefe de la Unidad de Reordenamiento de Vía Pública, Delegación Cuauhtémoc. 

El que suscribe, José Luis Rosales de la Peña, en mi carácter de propietario del inmueble ubicado en Palma Norte 308, esquina con Tacuba, en el Centro Histórico de esta ciudad, se dirige a usted por este medio para hacer de su conocimiento que desde hace 15 días la Ruta 2 de microbuses estableció su base en forma irregular sobre la calle Palma Norte, entre Donceles y Tacuba, lo que ha convertido a este tramo de la mencionada vía en estacionamiento de microbuses con la consecuente alteración del tráfico vehicular, toda vez que los operadores de los vehículos se estacionan en segunda y tercera filas, sin que los particulares tengamos posibilidad alguna de impedir que hagan mal uso de la vía pública, toda vez que mantienen una actitud hostil cuando se les solicita que no entorpezcan la circulación. 

Por lo anterior, solicito su intervención para que de conformidad con el ordenamiento existente, se impida que dicha ruta de microbuses, arbitrariamente y en detrimento de esta parte del Centro Histórico, continúe usufructuando las calles de la ciudad en su interés particular, violentando toda regulación tendiente a mantener y mejorar la funcionalidad de la ciudad de México. 

MVZ José Luis Rosales de la Peña 

Señora directora: En mucho agradeceré a usted la amabilidad de su atención y la publicación de esta carta en su prestigiado diario, cuyo único objetivo es hacer pública nuestra denuncia a la empresa denominada Seguros Tepeyac, que ha cometido una serie de actos en contra del municipio de Mazatlán Villa de Flores, estado de Oaxaca, los cuales, consideramos, de ninguna manera deben pasar inadvertidos. 

Es el caso que en el año de 1993, el Ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca (municipio indígena mazateco, enclavado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca), adquirió --con erario municipal-- un camión de volteo nuevo, el cual fue asegurado ante Seguros Tepeyac, S.A., expidiéndose por tales efectos la póliza número PU034517. En 1994, nuestro vehículo sufrió una volcadura, por lo que la mencionada aseguradora ordenó, a través de un ajustador autorizado, el traslado del mismo a la ciudad de Puebla, donde se le efectuarían las reparaciones necesarias. Hasta el momento de redactar esta carta, Seguros Tepeyac no ha devuelto el mencionado vehículo, a pesar de que el pasado 14 de marzo del presente año suscribió, a través del C. Pedro Díaz García, director de Siniestros Autos de esa empresa, un convenio con el Ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores, en el cual se comprometen a que en un plazo de 15 días se fijaría la fecha de la devolución de un vehículo con las mismas características del nuestro --cuyo paradero se ignora--, es decir un camión de volteo modelo 1993 sin rodar (anexamos copia simple de este convenio). Llegada la fecha pactada, Seguros Tepeyac se negó a dar cumplimiento a lo convenido, lo cual consideramos un acto reprobable que está causando severos daños al municipo de Mazatlán Villa de Flores, que por este medio exige a dicha empresa que dé cumplimiento a las obligaciones por las que se ha negado a responder. Esto sienta, asimismo, un importante antecedente a tomar en cuenta por personas físicas o morales que estén pensando en contratar servicios con esta aseguradora, cuyo proceder doloso y de mala fe no merece la credibilidad de nadie. 

Adolfo Marín Aguilar, síndico municipal constitucional de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca 

Señora directora: Mi nombre es Velia Ramírez, y soy propietaria del salón de fiestas infantiles Dira. El pasado 28 de febrero envié una queja contra la delegación Tlalpan. Disculpe que la vuelva a molestar para hacerle una aclaración: en Rancho Piomo Nos. 12, 16, y 18, casi esquina con División del Norte, hay edificios que no tienen suficientes estacionamientos, además de que todas sus puertas son entradas para coche, así que no pueden estacionarse del lado de su acera, sino enfrente, del lado del camellón. 

La calle de Rancho Camichines la tienen cerrada, está prohibida la entrada, lo que obliga a los visitantes, en toda una cuadra, a estacionarse sobre Rancho Piomo. Tratando de causar las menores molestias posibles, yo pagaba seguridad privada para que nadie tapara entradas. 

En mi queja contra la delegación Tlalpan les decía que siempre me meten zancadillas, y en la verificación extraordinaria efectuada el 25 de marzo del 2000 también lo hicieron. 

En la resolución de clausura de mi negocio dicen que, contando con todos los documentos para el uso legal del establecimiento, se encontraron coches estacionados sobre la acera (nunca se ha usado como estacionamiento) y que el señor Tolentino Salazar --vigilante privado-- dijo que los vehículos eran propiedad de los asistentes al salón de fiestas, y que él mismo se encargaba de estacionarlos. 

El nivel cultural del señor es bajo, y por su forma de manejar el lenguaje se le pueden dar diversos significados a sus palabras. Le preguntaron si él estacionaba los coches y contestó que sí. Para el señor Salazar estacionar significa "viene, viene". Casi le puedo asegurar que ni siquiera sabe manejar. Agradezco la atención prestada a mis quejas. 

Velia Ramírez de Díaz 

Precisión a nota sobre el Inmujer 

Señora directora: En relación con la nota del día 7 de mayo del presente, en la sección Capital, en su apartado de Agenda, en la nota titulada "Instalarán centros para la mujer en cada delegación" existe una imprecisión en el título y en donde se menciona que "en cada una de las delegaciones del Distrito Federal funcionará próximamente un Centro del Instituto de la Mujer..., informó la diputada Yolanda Tello". 

Imprecisión que el Inmujer desea aclarar, ya que desde septiembre de 1998 comenzó la instalación de los 16 Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM) que forman parte del Instituto de la Mujer del DF. Actualmente se encuentran ubicados en cada una de las delegaciones de la ciudad de México y atienden a la población femenina de sus demarcaciones. 

Los CIAM están conformados por seis áreas estratégicas para su funcionamiento, que son: construcción de cultura ciudadana; desarrollo personal y colectivo; desarrollo económico y trabajo; asesoría y orientación jurídica integral; información y difusión, y círculo infantil, cuyas acciones se centran para ejercer los derechos humanos de las mujeres y para establecer relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

Isabel Molina Warner, directora del Inmujer 

Empleados del INEGI protestan por una resolución de SCJN 

Señora directora: El pasado mes de abril, 51 trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática fuimos despojados del tiempo extraordinario que laboramos, por parte de los magistrados del primer circuito en materia de trabajo (Sergio Pallares y Lara, María Edith Cervantes Ortiz y Horacio Cardoso Ugarte). Con esto se demostró que la Suprema Corte ha creado los mecanismos para despojar y robar a los trabajadores diversas prestaciones, cambiando la esencia de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. 

Es muy conocida la actuación de la SCJN en casos como el del anatocismo y los que por ley le corresponde al patrón la carga de la prueba para el juicio laboral, pero la Corte determina que sea mejor el trabajador quien lleve la carga probatoria, y aun cuando demuestre los hechos, dicho órgano jurisdiccional los declara inverosímiles. 

¿Dónde quedaron las promesas de justicia de Vicente Fox? 

Francisco Farina Tamez, José Antonio Fernández Avila y los más de mil 800 demandantes agrupados en la Coalición Nacional de Trabajadores de INEGI