La recomendación 07/2001, enviada recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP del gobierno federal, presidida por Alejandro Gertz Manero), es un recuento exasperante de abusos de poder que no son, sin embargo, descubrimientos de última hora, sino reportes de una amarga y vieja realidad en las cárceles del país. La vejación regular de los reclusos, de sus familiares y abogados es, en efecto, uno de los vicios más arraigados en el sistema penitenciario nacional, y no deja de tener cierta lógica el que las autoridades de algunos Cefereso reconozcan, incluso con cierta dosis de candidez, que forma parte de los procedimientos rutinarios de sus instituciones, en las cuales los derechos humanos son letra muerta. 

Aunque ninguna consideración de seguridad podría justificar la comisión de tales abusos, es claro que en muchos funcionarios de prisiones persiste, expresada con cinismo o encubierta con hipocresía, la idea de que los atropellos referidos forman parte de mecanismos de seguridad necesarios para mantener cierto orden en las cárceles. 

Tal concepción es, por supuesto, falsa. Las drogas, las armas y los planes e instrumentos para la fuga de reclusos no ingresan a los penales en las cavidades corporales de los visitantes, sino a través de las oficinas y de las estructuras administrativas corrompidas. Las revisiones abusivas y violatorias de los derechos humanos en contra de los familiares de los reclusos --casi siempre, de los más humildes-- son un ejercicio de prepotencia o un mecanismo para facilitar la extorsión de los visitantes por parte de empleados públicos inescrupulosos. A este respecto, es significativo que uno de los penales que destacan por este tipo de abusos de poder, el de Puente Grande, en Jalisco, haya sido el escenario de la fuga más sonada de los últimos meses: la de Joaquín El Chapo Guzmán, evasión que, según la información disponible, fue posible por la corrupción de altos funcionarios del propio reclusorio y de diversas oficinas gubernamentales. 

Los atropellos a la dignididad humana, la corrupción estructural y la ineficiencia carcelaria son distintos aspectos de una misma cosa: la crisis del sistema penitenciario del país, expresión, a su vez, de la descomposición institucional que afecta a los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país. Son impostergables, en ellos, acciones profundas de moralización y saneamiento. Mientras no se realicen esas tareas, las cárceles del país seguirán siendo no el recurso extremo del estado de derecho, sino su negación rotunda.