Es preocupante y revelador que, a unas horas de la entrega de las bases militares que el régimen de Ernesto Zedillo implantó en Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, Chiapas, a la Secretaría de Desarrollo Social --dependencia que, a su vez, habrá de constituir en ellas centros de servicios comunitarios--, haya tenido lugar en el municipio chiapaneco de Venustiano Carranza, una matanza de comuneros a manos de un presunto grupo paramilitar. Este crimen evoca obligadamente la lógica perversa que imperó a lo largo de todo el sexenio anterior, cuando todos los escenarios propicios al encuentro fueron rápidamente desarticulados por provocaciones oficiales y actos de violencia paramilitar. Es significativo, además, que el asesinato de los ocho campesinos haya sido perpetrado apenas unas horas después de que once miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, los cuales se encontraban presos en el penal de Cerro Hueco, fueron puestos en libertad bajo fianza. 

Es claro que las esperanzas suscitadas por los buenos resultados de la pasada marcha zapatista al DF, esperanzas compartidas por la sociedad civil, las autoridades y los propios rebeldes, se enfrentan a una diversidad de factores y agentes de tensión y hostilidad que están lejos de haber sido despejados. 

Ha de considerarse que el anterior gobierno federal, con su mezcla de torpeza política y mala fe, escaló, complicó y ahondó el conflicto hasta niveles dramáticos, y dejó sembrados múltiples elementos perniciosos para la paz y la reconciliación: bandas paramilitares, rencores y desconfianzas entre comunidades, así como un perceptible encono entre los pueblos rebeldes y las autoridades locales. Este último factor ha empezado a ser despejado por la administración estatal que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía. Los otros, en cambio, permanecen, como lo evidencia la dolorosa matanza perpetrada ayer en Venustiano Carranza. 

Sería ingenuo suponer que los actores opuestos a la paz con justicia y dignidad se han resignado a aceptar la actual circunstancia de distensión entre los alzados y el gobierno federal. Lo que se ha avanzado de cara a la solución del conflicto --y que es mucho-- no implica que los adversarios de la paz hayan sido derrotados. 

En el momento actual es imperativo que las autoridades locales y federales investiguen el crimen perpetrado ayer y localicen y consignen a los responsables, y que extremen las medidas de seguridad para impedir que nuevos actos de provocación clausuren las actuales perspectivas de paz en Chiapas.