Las diversas resoluciones aprobadas ayer en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dan una clara idea de la escasa integridad moral que impera en ese organismo, en el que las condenas o la falta de ellas se resuelven no necesariamente con base en situaciones reales, sino como resultado de procesos de negociación y regateo entre los representantes de diversos Estados, e incluso como consecuencia de claras presiones políticas y diplomáticas. 

La condena al gobierno cubano, presentada por la delegación checa, impulsada por Estados Unidos y finalmente aprobada por un estrecho margen (22 votos a favor, 20 en contra y 10 abstenciones, entre ellas la de México), tiene sin duda fundamentos reales: no puede ignorarse la persecución y el hostigamiento regulares de que son objeto, dentro de la isla, los opositores al régimen de Castro. Sin embargo, la resolución omite cualquier referencia al bloqueo que Washington mantiene contra Cuba desde hace cuatro décadas, cuya principal víctima es la población cubana y que se traduce, a fin de cuentas, en un grave atropello a los derechos humanos. Si además se considera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no emitió una resolución semejante contra Perú cuando Fujimori y Montesinos cometían toda suerte de atrocidades de Estado, ni contra el gobierno de Ernesto Zedillo, en tiempos en que Amnistía Internacional alertaba sobre una situación de catástrofe en los derechos humanos en México --por mencionar sólo dos notorias omisiones--, la resolución de ayer contra La Habana resulta una clara expresión de la doble moral con que opera la diplomacia internacional. 

Es significativo, además, que la comisión referida se haya abstenido de condenar a China, país en el que las violaciones documentadas de derechos humanos son mucho más graves que las que ocurren en la nación caribeña, pero que representa, para Europa, Japón y Estados Unidos, un mercado promisorio y una fuente de mano de obra barata. Es revelador, también, que el propio Estados Unidos, en donde se mantiene vigente la pena capital y en donde son pan de todos los días los abusos policiacos contra negros e hispanos, no haya sido objeto de una resolución crítica. 

El único caso en el que hubo casi unanimidad fue el de Israel, cuyo gobierno se empeña en profundizar y extender una guerra cruenta e injusta contra la población palestina de los territorios ocupados --incluida Jerusalén oriental--, contra los habitantes sirios del Golán y contra los pobladores del sur de Líbano. El hecho de que Washington se haya opuesto enérgicamente a condenar la persistente y cruenta barbarie del gobierno israelí contra los palestinos no hace sino confirmar el doble rasero que orienta las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que les resta seriedad, autoridad moral y legitimidad