Estimada Carmen: El voto de condena a Cuba promovido por Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha suscitado un amplio debate sobre la posición del gobierno mexicano al respecto. Contribuyo con la siguiente información sobre actores clave en este debate: Mariclaire Acosta y Sergio Aguayo, y su relación con la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), agencia que financia a grupos ultraderechistas de cubanos exiliados. 

El 18 de marzo de 1997, Acosta, Aguayo y otros dirigentes de ONG fueron acusados en la Cámara de Diputados de trabajar para el gobierno de Estados Unidos por recibir financiamiento de la NED. El 21 de abril del mismo año, Acosta, Aguayo y los demás aludidos enviaron una carta abierta a esa Cámara señalando que la acusación formaba parte de una sucia campaña y que la NED era una agencia independiente. Además, prometieron discutir en un foro abierto el financiamiento extranjero a las ONG. El 1 de junio repitieron la promesa en una carta publicada en El Correo Ilustrado. 

Acosta y Aguayo no cumplieron lo prometido. Quizá, porque en esos meses se conoció en México un reportaje del diario The New York Times, aparecido el 31 de marzo, donde se revelaba que la NED había sido creada por Ronald Reagan para complementar el trabajo de la CIA. El diario confirmaba lo que por años habían dicho de la NED institutos de investigación y ONG estadunidenses. 

La NED financió por cinco años a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dirigida por Acosta, y desde su fundación hasta el día de hoy, a Alianza Cívica, dirigida por Aguayo. Actualmente, Aguayo pertenece al Comité Ejecutivo del Movimiento Mundial por la Democracia creado por la NED y dedicado a impulsar los intereses de Estados Unidos (ver http://www.ned.irg). 

En el contexto del debate sobre la política mexicana en derechos humanos, Acosta y Aguayo deberían cumplir su promesa de explicar porqué aceptaron el patrocinio de una agencia de espionaje, cuyo trabajo incluye promover directa e indirectamente entre las ONG condenas al gobierno de Cuba, pero no al de Estados Unidos, por la muerte y abuso cotidiano de inmigrantes mexicanos. 

Primitivo Rodríguez Oceguera 

Señora directora: Ojalá merezca la hospitalidad de El Correo Ilustrado la nota que someto a su consideración sobre el IVA a los alimentos y medicinas. 

Seguramente a los secretarios de Hacienda y de Salud, así como a los diputados del PAN que impulsan el IVA en alimentos y medicinas, no les afectará ese impuesto, pero para miles de necesitados que hay en nuestro país representa una puñalada. 

Las medidas compensatorias son una falacia. ¿Cuántos millones de mexicanos viven sin recibir un salario? Ellos, los más pobres, serán los más afectados. ¿Es ésta la doctrina cristiana que profesa el PAN en el poder? La situación nos lleva a recordar el craso error que cometió Inglaterra al aplicar en la India un impuesto al consumo de sal. La injusta medida fue exitosamente combatida por Gandhi, ante la complacencia mundial. 

Todos los periódicos informan de los robos, desfalcos e ineficiencias de la administración pública. Ahora se habla de 27 mil millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, en vez de combatir a los ladrones y hacerse de esos recursos, se quiere sacrificar a los más humildes. Por lo que hace al sector salud, su titular parece ignorar que en los últimos seis años el precio de las medicinas ha aumentado hasta en mil por ciento. Ante la indiferencia de las autoridades, los laboratorios hacen su agosto. Los laboratorios deben absorber el pago del IVA a los medicamentos y el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para frenar cualquier otro incremento y asumir de una vez por todas su responsabilidad rectora. 

Fernando Canales Lozano 

Señora directora: ¿Todo padre de familia tiene derecho a educar a sus hijos como quiera? Lo dudo. Por ejemplo, el Mochaorejas no cuenta con la menor prerrogativa para enseñar a su retoño el arte de cortar los órganos externos auriculares de las personas que secuestre. 

Nikito Nipongo 

Señora directora: En la página 28 del periódico que usted dignamente dirige, con fecha 17 de abril, se publica una nota del corresponsal en Zacatecas, Alfredo Valadez, con el título "El Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas difunde lista de 60 catedráticos aviadores". 

El calificativo empleado por su corresponsal, y no por el Rector, daña profesionalmente mi reputación como profesor y ex funcionario de la Universidad Autónoma de Zacatecas y me expone además al desprestigio social a nivel nacional. El concepto de aviadores supone, además, que se comete un fraude en contra de la institución y, ciertamente, coincido que quien cobra sin trabajar se convierte en un sujeto realmente indigno, por lo que, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Imprenta, le agradeceré la publicación de la siguiente aclaración: 

El 18 de marzo de 1999, el rector de la UAZ concedió al que suscribe el beneficio de la jubilación por 26 años de servicio dentro de la institución (el contrato colectivo concede este derecho al cumplir 25 años). Consecuentemente, percibo mi pensión como jubilado y de ninguna manera puede considerárseme bajo el término despectivo que se menciona en la nota publicada. Estimo que el corresponsal se excedió en el concepto, pues nunca el Rector ha expresado lo que su colaborador menciona ni fue él quien difundió la relación que se deriva de la columna. Adjunto copia del resolutivo que me concede el derecho de jubilación y copia de mi credencial de elector para efectos de identificación. 

Aprovecho para expresarle mi reconocimiento por la labor informativa de su prestigiado diario. 

Atentamente: 

Lic. Aquiles González Navarro, procurador general de Justicia de Zacatecas. 

Señora directora: Los trabajadores afiliados al STUNAM adscritos a seis dependencias de la UNAM en Morelos, nos dirigimos a usted para manifestar nuestro apoyo a los compañeros de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, que resisten el embate del consorcio trasnacional Coca Cola en la UAEM y sus planteles en esa entidad y escuelas primarias y secundarias públicas, donde ha sido prohibida la venta de los productos elaborados por nuestros compañeros. 

La Cooperativa Pascual surgió en 1985 después de un conflicto laboral en el que fueron reprimidos y asesinados compañeros huelguistas. Al final, fueron indemnizados con los bienes de la empresa y entonces nuestro sindicato decidió apoyar con un donativo la creación de esa Cooperativa. En honor a ese compromiso, hoy nos oponemos a que intereses monopólicos respaldados en actitudes entreguistas pongan en riesgo esa fuente de trabajo y atenten contra los productos Pascual. 

Pedimos a estudiantes, académicos, científicos, autoridades universitarias, maestros y directores del sistema educativo, su comprensión, apoyo y solidaridad para con nuestros compañeros, permitiéndoles ofrecer su producto. ¡No están solos compañeros! 

No pretendemos inducir el gusto del consumidor, eso lo decide el paladar. A lo que nos oponemos es a las prácticas de comercio desleal que anulan el esfuerzo y desalientan el deseo de superación con prácticas que son castigadas incluso en su país de origen. Exigimos a las autoridades municipales y estatales detengan su parcialidad en favor de Coca Cola. No es un orgullo para el país ni su sector educativo convertirnos en país cocacolero. No es sano para la convivencia democrática ni para la economía. El compromiso de gobernar para todos debe estar garantizado. 

En relación con el oficio suscrito por el H. Patronato de la UAEM, que amenaza con castigar al comerciante del campus universitario que se atreva a vender otro producto que no sea Coca Cola, opinamos que dicho Patronato tiene fines más altos que pretender convertirse en el fiel de la balanza en el gusto de la comunidad universitaria que no merece ese arbitrio. Respetuosamente solicitamos a la Rectoría y al propio Patronato, el retiro de esa orden. A los compañeros del SNTE y la UPN, les pedimos su apoyo para que las tiendas cooperativas escolares permitan el acceso a productos Pascual y los de la competencia bajo el concepto de libre comercio. No creemos que se nieguen a cooperar en caso de ser así. 

Atentamente: 

Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, Instituto de Biotecnología, Instituto de Física, Centro de Investigación en Energía, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Instituto de Matemáticas, Jesús Muñoz, Sergio Trujillo, Lourdes Casadero, Silvia Linares, Pedro Arenas, Juan Gante 

Por un error, en la edición de ayer se atribuyó el crédito de la nota sobre la cláusula de exclusión (página 40) a David Aponte y Ciro Pérez, y no a Jesús Aranda como debió ser. Pedimos por ello una disculpa a los reporteros y a nuestros lectores.