El anuncio formulado ayer por el presidente Vicente Fox en el sentido de que su gobierno dará pleno cumplimento a las tres condiciones planteadas por El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para volver al diálogo con el gobierno --liberación de los presos zapatistas que aún permanecen recluidos, así como la salida de los destacamentos militares de Río Euseba, La Garrucha y Guadalupe Tepeyac, cuyas instalaciones, dijo el mandatario, serán convertidas en "centros de desarrollo comunitario"-- introduce un nuevo factor, positivo, a no dudarlo, en la compleja búsqueda de entendimientos entre la organización rebelde, el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión. 

En el mismo anuncio, Fox pidió "respetuosamente" a senadores y diputados que "encuentren los espacios y las formas para recibir y escuchar al EZLN", en lo que constituye una descalificación tácita del estrecho y poco digno formato de encuentro que los coordinadores de las bancadas panistas y priístas en ambas cámaras trataron de imponer a los representantes rebeldes, los cuales, por su parte, ante lo insatisfactorio y "humillante" de la propuesta, anunciaron su decisión de volver a sus comunidades de origen. 

En otro sentido, el Presidente solicitó al subcomandante Marcos que acepte reunirse con él a fin de iniciar un diálogo que capitalice la actual oportunidad de pacificación, impulse la aprobación de la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas y promueva "un ambicioso programa de desarrollo humano" para los 10 millones de indígenas mexicanos. 

La determinación de los zapatistas de regresar a Chiapas ante la cerrazón de los líderes parlamentarios blanquiazules y tricolores, conocida antier, ya había colocado en una situación difícil a los sectores contrarios a la paz con justicia y dignidad; sectores claramente representados, en su vertiente política, por Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson, Ricardo García Cervantes y Felipe Calderón Hinojosa, entre otros, y en su brazo económico por los jefes de las cúpulas empresariales, los cuales alimentaron una fallida histeria antizapatista desde el momento mismo en que los rebeldes anunciaron su decisión de trasladarse a la ciudad de México. Ahora, el anuncio presidencial referido evidencia el aislamiento de esos sectores y grupos de interés, los cuales, sin abandonar el tono estridente en lo declarativo, han debido aceptar la renegociación, en el interior del Congreso, de las condiciones que pretendían imponer a los zapatistas para escucharlos. 

Los hechos mencionados debieran llevar a la sociedad a hacer conciencia sobre la profundidad de la fractura que se presenta en la clase política y sobre la pertinencia de aprovechar tal fenómeno para aislar a los núcleos más reaccionarios del PAN y del PRI, impulsar la dignificación e inclusión de los indígenas en el contexto nacional, la democratización plena y la desarticulación de cacicazgos políticos y económicos. 

En lo inmediato, cabe esperar que el importante anuncio presidencial de ayer se traduzca en una reactivación de los contactos entre los alzados y el gobierno y en un diálogo provechoso para el país en su conjunto.