En el más puro estilo informativo surgido en el sexenio 76-82 y perfeccionado en el siguiente, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz anuncia a la prensa extranjera decisiones gubernamentales de las que aquí ni nos habíamos enterado. En una entrevista con el Financial Times, de Londres, indica que el gobierno mexicano reducirá su burocracia a fin de contribuir a lograr 0.5 por ciento del déficit presupuestal, déficit que fue una de las obsesiones del ex presidente Zedillo. 

Llama también la atención que, coincidentemente, en una reunión con el secretario de Hacienda, el sector patronal del país, encabezado por Alberto Fernández Garza, presidente de la Coparmex, le exigió que redujera la burocracia además de bajar en 30 mil millones de pesos el gasto público. 

Hay dos posibilidades en esta coincidencia, y ambas son igualmente desafortunadas. O bien el secretario pidió a los patrones hacer pública su petición para allanarle el camino a una decisión tomada, o bien está obedeciendo, con prestancia, la orden. 

Evidentemente, el anuncio hecho al influyente diario empezará a generar incertidumbre en los burócratas mexicanos que todavía no se reponen de la virulencia con que se han efectuado cambios por el nuevo gobierno al inicio del sexenio, así que aquellos que se sentían medianamente salvados empezarán a ahora a esperar la guillotina que podrá caer sobre ellos en un país que cada día ofrece menos posibilidades de empleo para las clases medias y, paradójicamente, para quienes tienen una preparación universitaria. 

En principio, con tales recortes el gobierno federal perderá una buena cantidad por recaudación de impuestos, ya que son precisamente los asalariados los que han llevado sobre sus hombros la carga fiscal del país. Sin embargo, se argumentará, el gobierno ahorrará una cantidad mucho mayor por pago de salarios. 

El Secretario de Hacienda deberá explicar a la brevedad en qué consiste este recorte, a cuántos burócratas habrá de alcanzar, de qué niveles y en qué tiempo, pero también sería especialmente importante que dijera qué opciones reales de reacomodo tienen en una economía que sólo ha ofrecido crecimiento sustantivo en el empleo en la industria maquiladora con condiciones preocupantes, por decir lo menos. ¿Qué pasará con estos nuevos desempleados? ¿Pasarán a formar parte del casi 40 por ciento de la población económicamente activa que se encuentra en la economía informal? 

Obviamente, se tratará de impulsar la reforma fiscal integral en la que tanto ha insistido el presidente Vicen Fox, pero en lo dicho hasta ahora no se sabe qué aportarán las grandes empresas y los grandes capitales, pues sólo se ha insistido en los aumentos de impuestos que se pretenden al consumo en rubros como alimentos y medicinas. 

La petición de la Coparmex es evidentemente una exigencia para evitar que el gobierno cubra sus necesidades económicas sin ahondar en las posibilidades impositivas que el gran capital ha mantenido a buen resguardo. 

El gobierno, por lo visto, escoge un camino fácil. No podemos negar que haya un exceso burocrático, pero tenemos que reconocer que a pesar de las cuentas alegres nuestro país y nuestra economía distan mucho de ofrecer alternativas de empleo digno.